Ciudadanos evita defender su voto favorable a la ordenanza de Alicante que multa a los mendigos

La formación naranja optó por no intervenir en el pleno mientras el concejal de Seguridad (PP) y el portavoz de Vox argumentaron la necesidad de la norma por la demanda de los vecinos Organizaciones sociales pidieron sin éxito la retirada del texto que ahora sale a exposición pública para abrir un periodo de alegaciones antes de su aprobación definitiva

La Vanguardia, ENRIQUE BOLLAND, 26-11-2021

Tal como estaba previsto, el Pleno del Ayuntamiento de Alicante aprobó ayer la ordenanza reguladora de Convivencia Cívica con la que se pretende “preservar los espacios públicos, fomentar una mejor convivencia entre sus ciudadanos y un mayor civismo, así como actuar contra las actividades de explotación sexual y la mendicidad ilegal y coactiva”.

El concejal de Seguridad, José Ramón González, encargado de defender la propuesta, la calificó como “una buena ordenanza que ofrece una herramienta eficaz de actuación jurídica para que la Policía Local pueda intervenir y solucionar problemas que perturban la convivencia de las personas en la ciudad”.

“No vamos a permitir mafias que explotan a personas, menores o mascotas para ejercer la mendicidad”, dijo el edil de Seguridad

“No vamos a permitir mafias que explotan a personas, menores o mascotas para ejercer la mendicidad, ni vamos a permitir mafias que coaccionen, amenacen o perturben la convivencia bajo la apariencia de mendicidad, mafias que trafican y explotan a mujeres para prostituirlas, y no vamos a permitir que nadie crea que puede hacer impunemente lo que le dé la gana”, dijo con énfasis José Ramón González.

La propuesta salió adelante por mayoría con los votos a favor de los grupos políticos del Partido Popular (9), Ciudadanos (5) y Vox (1), y el voto en contra de PSOE (9), Compromís (2) y Unidas Podemos (2). Ninguno de los concejales de Ciudadanos quiso intervenir para defender su voto favorable, pese a ser directamente interpelados por la oposición, ni siquiera María Conejero, concejala de Igualdad cuyo departamento redactó un informe critico con la norma aprobada.

Ninguno de los concejales de Ciudadanos quiso intervenir para defender su voto favorable, pese a ser directamente interpelados por la oposición
Sí lo hizo Mario Ortolá, portavoz de Vox, quien aseguró que “municipios de izquierda tienen aprobada esta ordenanza” y que su grupo no tienen inconveniente en que se realice un plan de inclusión que proteja a las personas sin hogar y mujeres objeto de trata sexual".

El edil de Seguridad recordó que “ordenanzas similares están vigentes en Ayuntamientos con gobiernos de izquierdas como Barcelona, Dénia, Valencia, Granada, Águilas, Reus y Getafe”, y tildó a la oposición de cínica “por criticar lo mismo que defienden en otras ciudades sus partidos”.

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Como respuesta a las críticas vecinales y asociativas, el edil mencionó que debe ser el Plan Municipal de Inclusión Social 2020-2030, el que responda a la exigencia de ayudas a los colectivos más desfavorecidos, opinión que comparte Vox.

Al comienzo del pleno, intervinieron la asociación multicultural Migrantes en Acción y el sindicato Comisiones Obreras del Alacantí. En el primer caso intervino Carolina Gómez, quien se presentó como “superviviente de trata con fines de explotación sexual” y fundadora de la asociación Las Independientes.

Mercedes García, en nombre de una larga lista de asociaciones, dijo que las medidas coercitivas “son las menos adecuadas para lograr la inclusión de colectivos vulnerables”
Lo hizo para transmitir su oposición a la ordenanza basándose en que según datos oficiales, más del 80% de las mujeres que se prostituyen son víctimas de trata. Por lo que las multas que propone la ordenanza “no solo se incurre en un desamparo, sino que indirectamente se les aumenta la deuda con las organizaciones criminales que las explotan”. A su juicio, obviar esa realidad “denota una falta absoluta de perspectiva y es un despropósito conforme a las leyes de Igualdad e inclusión”.

A continuación, Mercedes García, de CCOO, leyó la larga lista de asociaciones vecinales, organizaciones cívicas e incluso parroquias que solicitaban la paralización de la norma. En su intervención, explicó que la norma “favorece el uso discriminatorio de los espacios en la ciudad y criminaliza la mendicidad y la prostitución”.
Las organizaciones aludidas sostienen que las medidas coercitivas “son las menos adecuadas para lograr la inclusión de colectivos vulnerables, y que la imposición de sanciones sólo logrará penalizar más a personas con graves dificultades”.

A partir de hoy, estas organizaciones y cualquiera que quiera realizar alegaciones a la ordenanza, como Ciudadanos anunció que hará, podrá consultar el texto en la web del Ayuntamiento y elevar sus propuestas dentro de un plazo de treinta días. Entonces, llegará el momento de que el texto regrese al pleno y se someta a votación para su aprobación definitiva.

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