La polémica ley aragonesa que mejora el Ingreso Mínimo Vital del Estado entra en vigor este lunes, día desde el que se puede solicitar la nueva prestación creada en Aragón: garantiza 522 euros al mes, como mínimo, a cualquier persona con bajos recursos que lleve un año empadronada en la región, sin distinguir entre residentes legales o irregulares. Pero, ante la polémica generada, el Gobierno del socialista Javier Lambán dice ahora que las solicitudes de inmigrantes irregulares las rechazará por vía administrativa, pese a lo que dice su propia ley, que no solo no ha querido rectificar sino que ha activado por decreto y borrando el requisito de la «residencia legal».

El Ejecutivo regional parece fiar su maniobra a que esas eventuales denegaciones no sean recurridas en los juzgados por los interesados o por entidades que los representen. Fuentes jurídicas consultadas por ABC han advertido que, tal y como se redactó y promulgó la ley –y el Gobierno de Lambán no ha querido reformarla–, a los solicitantes solo se les puede exigir la residencia efectiva y confirmarla con el empadronamiento. En España, los inmigrantes irregulares pueden empadronarse.

Además, esta nueva ley aragonesa incluso contempla la posibilidad de percibir esta renta sin acreditar el empadronamiento. Así, en su artículo 7.7 indica: «Excepcionalmente, ante la dificultad para acreditar el empadronamiento o la residencia efectiva en la Comunidad Autónoma de Aragón, se podrá admitir cualquier medio válido en derecho y, en todo caso, los informes de los servicios sociales municipales o comarcales, conforme se determine reglamentariamente». Lo que en ningún caso se exige es la residencia legal.

Decreto de activación

Siguiendo la estela del País Vasco y de la Comunidad Valenciana, que también han legislado sus rentas de inserción incluyendo a los sin papeles, el Gobierno aragonés ha borrado expresamente el requisito de la «residencia legal». Lo hizo en la ley y ha vuelto a hacerlo en el decreto con el que la ha activado, publicado el pasado viernes en el Boletín Oficial de Aragón (BOA). Este decreto es el reglamento que desarrolla la ley, para su aplicación en la práctica desde este lunes.

El ordenamiento jurídico español prohíbe expresamente que un reglamento (norma de rango inferior) contravenga o vulnere lo que establece la ley que desarrolla (norma de rango superior). Es el elemental principio de la jerarquía normativa. Quizás por eso, a última hora el Gobierno de Lambán también tachó de este decreto el requisito de la «residencia legal». Como desveló ABC, sí que figuraba en el proyecto de decreto que los servicios jurídicos dejaron listo para su aprobación por el Ejecutivo autonómico. Pero el Gobierno de Lambán lo sustituyó para eliminar la «residencia legal», que no se menciona expresamente en ningún punto de este decreto que fue promulgado el pasado viernes.

A la izquierda, el proyecto de decreto que el Gobierno aragonés tenía listo en septiembre, al que tuvo acceso ABC. Y, a la derecha, el que ha promulgado finalmente: en vez de exigir la «residencia legal en España», basta la «residencia efectiva en Aragón» – ABC

Ahora, al sentirse comprometido con la polémica que ha generado esta controvertida ley aragonesa, el Ejecutivo autonómico dice que reculará por vía administrativa, cuando le toque resolver las solicitudes que le lleguen. Pero, como la ley no ha sido reformada, el derecho pervive y cualquiera que lo considere puede demandar para hacer valer esos preceptos legales ante los juzgados, según han destacado también fuentes jurídicas consultadas.

El Gobierno aragonés pretende agarrarse ahora a la Ley de Extranjería para exigir la residencia legal que no ha puesto como requisito en la ley de su Ingreso Mínimo Vital, la que ha activado ahora y está en vigor, en la práctica, desde este lunes. El problema es que el concepto de «residencia legal» no solo no aparece en dicha ley, sino que tampoco lo cita expresamente el decreto de activación. Además, está constatado que, durante la tramitación tanto de la ley como del decreto, el Gobierno de Aragón borró a conciencia ese requisito. Y, como informó ABC, en ningún apartado de la ley se hace mención alguna a la Ley de Extranjería.

El caso del País Vasco demuestra claramente que la Ley de Extranjería no impide por sí misma que un inmigrante irregular perciba este tipo de rentas autonómicas. Como indica la propia página web del Gobierno vasco, su Renta de Garantía de Ingresos –que así se llama allí– también la pueden percibir «los inmigrantes sin permiso de residencia», porque así lo establece su legislación autonómica, el equivalente al caso aragonés.

Ningún partido se ha opuesto

Está por ver ahora si algún grupo parlamentario de las Cortes de Aragón solicita que se subsane el entuerto mediante una reforma legal. Hasta ahora no consta que ninguno la haya promovido.

En mayo, todos aceptaron esta ley en las Cortes de Aragón, que fue aprobada sin ningún voto en contra. Los socios del cuatripartito gobernante –PSOE, Podemos, los soberanistas de la Chunta y el PAR– votaron a favor junto a Ciudadanos e IU. Por su parte, el PP y Vox, que no repararon en ese sustancial requisito de la mera «residencia efectiva», se limitaron a abstenerse.

Hace escasas semanas, el PP aragonés urgió al Gobierno de Lambán a que activara esta ley cuanto antes y le afeó que aún no hubiera puesto en marcha esta nueva renta social de Aragón para personas sin recursos.