Doctores tiene la ciencia… y jueces la justicia. Pero así como en materia científica sería de agradecer que los doctores se pusieran de acuerdo cuando hay sobre la mesa cuestiones de interés público, lo mismo en torno a las resoluciones judiciales. Y ya sé que si algo caracteriza a nuestro modelo de impartir justicia es lo garantista que resulta, de manera que, tras una primera resolución, viene una segunda, y luego una tercera… y así hasta el Supremo, el Constitucional y Estrasburgo. Pero también sabemos que entre la primera resolución y la última pueden pasar años, con el consiguiente efecto sobre las personas inmersas en el procedimiento, a lo que se une la incertidumbre de la ciudadanía.

Esta semana hemos conocido que hay un auto judicial que dice que no se puede impedir a un inmigrante que llegó de manera irregular pero con documentación en regla que transite por territorio español. Si así lo entiende el juez, nada que objetar. Se podrá discrepar pero hay que atenerse a lo que impone su señoría, al menos hasta que una estimación de un recurso diga lo contrario.

¿Qué sucede cuando esos inmigrantes llegan a territorio peninsular sin traba alguna? Pues que allí deberían seguir estando bajo control, pues continúa pesando sobre ellos una posible expulsión de España. Y ahí es donde aparece una duda más que razonable: ¿cómo se arbitra ese control sin una limitación de sus derechos de movilidad? Sobre eso no habla el auto y es comprensible que no lo haga: no era ese el motivo del contencioso, pero una cosa es la aplicación ‘estricto sensu’ de la ley y otro la traslación a la realidad.

Lo que se está poniendo de manifiesto en el asunto migratorio es una contradicción entre lo que Europa quiere ahora y lo que el sistema legal español vigente permite. El deseo de la Europa dominante centro y norte de la UE es que las zonas fronterizas sean las que actúen como muro de contención y resuelvan como puedan el control y devolución de los inmigrantes irregulares. Pero nuestra legislación, que es a lo que se aferra el auto judicial, dice otra cosa. Señalar a la Policía como los culpables del embrollo es errar el tiro por completo: hacen lo que pueden en este tira y afloja entre la directriz europea, la ley, el sentido común y su obligación de garantizar la seguridad y el orden.

Y lo peor de esta ceremonia de la confusión es que los partidos políticos no ayudan. Porque los mismos partidos que aquí piden las derivaciones, en la península se escandalizan cuando ven a un inmigrante bajar del avión.