DONOSTIA – Aitziber San Román, concejala de Acción Social del Ayuntamiento de Donostia, hace un repaso general a todas las problemáticas que están tratando debido al COVID-19, que ha puesto patas arriba la sociedad y ha dejado en problemas a demasiadas personas. Familias que no tienen qué comer, mujeres maltratadas, gente mayor que está sola, los sintecho, desahucios… “Los servicios sociales del Ayuntamiento, el equipo de los servicios centrales de Urdaneta, el área de mujer, los psicólogos comunitarios, la ayuda domiciliaria, el servicio de emergencia… el trabajo está siendo espectacular”. El reto es que “nadie se quede fuera”.

¿En qué han notado más demanda durante la pandemia?

–Los servicios sociales me trasladaban que era la primera vez que la gente llamaba pidiendo comida, unas 360 familias de las que no sabíamos nada se pusieron en contacto con nosotros durante el confinamiento para decirnos: No tenemos qué comer. Hubo muchos casos de gente que vino en su momento, llevaba año y pico trabajando sin contrato, se tuvo que quedar en casa y se quedó sin ingresos. En 2020 han subido un 27% las ayudas de emergencia social del Ayuntamiento de Donostia, que han pasado de 2,4 millones a 3,1. También hubo especial atención a las personas de más 65 años y a las mujeres que podían tener problemas. Contactamos con el 66% de las viviendas con gente mayor. El 91% de los que contactamos nos dijo que no necesitaba nada, pero un 9% sí necesitaba, así que activamos la ayuda domiciliaria y los recursos con los que se les podía ayudar. Nos ha quedado una base de datos muy bonita con la que vamos a poder seguir trabajando. Cada trabajadora social tenía una lista con los casos de mayor fragilidad entre la gente mayor. En cuanto a los casos de mujeres maltratadas, había coordinación en los casos más graves con la policía municipal.

¿Cómo funcionan los servicios sociales? ¿Qué corresponde al Ayuntamiento de Donostia?

–Hay un desconocimiento de qué son los servicios sociales y hasta dónde podemos llegar. El estado de bienestar tiene varias patas: salud, educación, ley de garantías de ingresos, vivienda y luego están los servicios sociales. El objetivo es garantizar que la población tenga un mínimo bienestar y que no se nos quede nadie fuera, eso es lo ideal. Somos una red y lo que intentamos es que, cuando una familia o una persona se queda en situación de vulnerabilidad porque le fallan los apoyos, podamos entrar los servicios sociales para retejer la red de relaciones. Uno de los problemas más grandes de los sintecho, por ejemplo, es que están solos. Es un empeño de los servicios sociales que esta gente encuentre apoyos, porque han perdido los que tenían o no los han tenido. Y tenemos una serie de recursos para ayudar a personas en fragilidad. Fragilidad por ser mayor, por nacer en una familia que no te puede atender, por ser mujer maltratada… Hacemos una investigación y, con los recursos que tenemos, elaboramos un plan de trabajo para que esa persona vaya saliendo de esa situación.

¿Cómo se articula esto?

–Los servicios sociales somos como la puerta de entrada. Lo comparo con el sistema sanitario, hay ambulatorios y hospitales. Los ambulatorios somos los servicios sociales de los ayuntamientos. A cada ciudadano nos corresponde una trabajadora social igual que nos corresponde un médico. Imagina que eres una mujer mayor, vives sola, te has caído y necesitas ayuda domiciliaria. Los servicios sociales no se limitan a eso. ¿Por qué esa persona está sola? ¿Tiene familia? La profesional ve esto y ve cómo tiene que trabajar dentro de las posibilidades de recursos que hay.

¿Quién tiene derecho a ayudas?

–Para recibir una RGI (Renta de Garantía de Ingresos) tienes que tener un empadronamiento de tres años en Euskadi. Para la ayuda de emergencia social, un empadronamiento mínimo de seis meses. Nos hemos comprometido a que todas familias que soliciten AES (Ayudas de Emergencia Social) van a ser atendidas, a que si el dinero del Gobierno Vasco se acaba, el Ayuntamiento pone más. Puede ocurrir que alguien llega aquí y, si está en una situación grave, tiene derecho a que su situación sea diagnosticada por el SMUS (Servicio Municipal de Urgencias Sociales). Y ahí entra el tercer sector. Vivimos en un territorio muy generoso: Cáritas, Cruz Roja, DYA, SOS Racismo, Arrats… cada cual en su ámbito. Llegan donde las administraciones no podemos llegar, son ese sostén en ese tiempo en el que las administraciones no podemos actuar. Estamos en permanente contacto con las asociaciones. Se está agilizando el proceso de ayudas. Tienes que ver si esta persona está realmente en situación de necesidad, aunque lo habitual es que sea así. Se mira cada euro. Cruz Roja está ayudando muchísimo, si alguien llega de otro país se le derivará a SOS Racismo, durante el confinamiento DYA trasladó gente a Hondarribia y nos ayudó a montar el Atano…

¿Hay más gente que vive en la calle ahora debido a la pandemia?

–Manejamos una lista de 80 personas, pueden ser más o menos porque es un número que varía, pueden llegar hasta 120. Cada persona en la calle es un mundo. Es un colectivo muy complicado. Aprovecho para decir que la atención a personas en exclusión grave tiene que estar en manos de profesionales. Está muy bien la buena voluntad y es algo que hay que valorar y aplaudir, pero la gestión integral debe estar en manos de profesionales. Donostia tiene más recursos hoy para personas en situación de calle que el pasado 13 de marzo. En el confinamiento fueron diez los municipios que habilitaron espacios para personas en calle, en total eran alrededor de 365 plazas en Gipuzkoa. De esas, Donostia puso 205 y las habilitó durante tres meses, hasta el 7 de julio. Hay cuatro recursos enfocados a la exclusión: centro de día, pisos de emergencia, acogida nocturna y pisos tutelados para la exclusión. Si nos centramos en pasar la noche, son dos los recursos: pisos tutelados para la exclusión y acogida nocturna. En Gipuzkoa en estos momentos hay 208 plazas y 83 las tiene Donostia. El Ayuntamiento cumple con todos los recursos que pide la ley. Son mínimos, pero los cumplimos. Durante 2020, 62 personas han salido de la calle gracias a un sistema de ayudas municipales y un acompañamiento del SMUS: 29 personas sin hogar que estando en alojamientos especiales durante el confinamiento consiguieron alojamiento mediante ayudas económicas municipales, y 33 más de la calle que durante 2020 consiguieron alojamiento por medio de este sistema.

Las asociaciones denunciaron la semana pasada que a algunos sintecho no se les había permitido entrar en el albergue del frío.

–A pesar de los esfuerzos, ¿hay gente en la calle? Sí. Se establece que sea el riesgo de helada en la costa el criterio que activa el albergue del frío. Hasta ahora se habilitaba un espacio en el Abegi Etxea, tres salas en las que poníamos camastros con mantas y se les daba algo caliente cuando llegaban. Era un servicio de puertas abiertas, se hablaba con asociaciones con relación con gente en la calle. Pero tú no puedes obligar a ir a nadie que no quiere. Aunque esas personas también necesitan una atención especial. Eso por un lado. Por otro, con el covid no podíamos hacer un servicio de puertas abiertas, lo que se ha hecho es elaborar una lista de personas y habilitar el albergue de Uba, que tiene habitaciones con baño incorporado. La primera noche hubo asociaciones que mandaban directamente a personas a Uba y cuando estas personas llegaron se les dijo que el servicio estaba centralizado por medio del SMUS. Es verdad que la primera noche se les dijo que no y que fueran al SMUS. Pero a partir de ahí, todas las personas en las listas entraron. La DYA ha hecho hasta cuatro viajes diarios para ir recogiendo a las personas especialmente vulnerables. La sensación es agridulce, porque teníamos una lista de 28 personas muy frágiles y la mitad no han querido ir. Con las que no han querido ir, educadores y Guardia Municipal han estado bastante encima.

¿Hasta qué punto pueden mediar ustedes en los desahucios? ¿Qué responsabilidad tiene el Ayuntamiento?

–En este tema Alcaldía se implica hasta las cejas. Se ha intervenido y se ha conseguido evitar desahucios en ciertos casos. También aquí se trabaja en red. Normalmente suelen ser particulares, porque los grandes tenedores son pocos casos. Si hay una situación de fragilidad económica o social, ¿qué nos corresponde? Más allá de elaborar el informe, trabajar con esas familias y ver qué salidas puede haber.

“Durante el confinamiento unas 360 familias se pusieron en contacto con nosotros para decirnos: ’No tenemos qué comer”

“El tercer sector es ese sostén en el tiempo en el que las administraciones no podemos actuar; Gipuzkoa es un territorio muy generoso”

“Teníamos una lista de 28 personas muy frágiles en situación de calle y la mitad no quisieron ir al albergue del frío; no podemos obligar”

“A la gente en la calle se le pedía que se diera de alta en el SMUS; a partir de ahí todas las personas en la lista entraron en Uba”