El traslado de inmigrantes desde Canarias a la Península, como pide Unidas Podemos y el Gobierno del archipiélago para tratar de aliviar la presión sobre la región, es una opción que se sigue sin contemplar desde Moncloa. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aseguró este martes, tras la reunión del Consejo de Ministros, que la maniobra «puede ser usada como estrategia para las mafias». Un argumento que ya venían repitiendo en los últimos días otros tres ministros socialistas –los del Interior; Movilidad y Transportes ;y Seguridad Social y Migraciones– e incluso el propio presidente, Pedro Sánchez.

Montero defendió que el Gobierno está trabajando en lo que denominó como «fórmula doble». Por una parte, aseguró que tratarán de «evitar las concentraciones» en Canarias y, por otra, que el «fenómeno de dispersión» o de «reparto de cuotas» a la península podría servir a estas redes de inmigración ilegal como aliciente para «seguir usando ese itinerario».

El secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ya avanzó este lunes que el Ejecutivo se encuentra trabajando en la repatriación de los inmigrantes que se encuentran en situación irregular en Canarias. Una estrategia que se pretende reforzar con las reuniones bilaterales mantenidas por el titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Asuntos Exteriores, Arancha González laya, con sus homólogos marroquí y senegalés, respectivamente.

Sus socios de coalición de Unidas Podemos, en cambio, rechazan estas deportaciones y acusan a Marlaska de llevarlas a cabo «sin suficientes garantías», como insinuó este martes el diputado Enrique Santiago, en una visista a Gran Canaria junto a sus compañeras Isa Franco y Meri Pita.