Canarias: ruta atlántica de la inmigración clandestina

José MIguel Ruano,Profesor de Derecho Constitucional de la ULL y consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias en 2005-2011, analiza la acción del Gobierno de Canarias frente al Estado en la crisis de inmigración

Canarias 7, , 21-09-2020

Los flujos migratorios por razones económicas son una expresión de la desigualdad mundial; el ser humano busca, en su forzada movilidad, una vida mejor en un país diferente. Desde la llegada de la primera patera a Fuerteventura en 1994, Canarias es destino en la ruta marítima en el Atlántico de la población africana, ya sea magrebí o subsahariana. Destino o tránsito pero suelo español y europeo. La Unión Europea (UE) no ha sido capaz de crear una política común regulatoria y de gestión de los flujos de trabajadores del exterior de sus fronteras. Asimismo, la política exterior española hacia África ha sido desde hace años errática, cuando no desastrosa.

En estos días de 2020, junto a la dura realidad de la lucha contra la Covid-19 y las severas consecuencias económicas para nuestro inmediato futuro, la ruta atlántica de la inmigración clandestina está abierta y las imágenes de llegadas continuas de embarcaciones a nuestras costas añaden preocupación a nuestra gente. Portavoces políticos y medios de comunicación han usado duras expresiones frente la indiferencia y la pésima gestión del Gobierno del Estado, único competente en control de fronteras. La Comunidad Autónoma sólo lo es en el acogimiento y tutela de los menores extranjeros no acompañados.

Pero como decía Adán Martín: «todo lo que pasa en Canarias es competencia nuestra…». Pronto se cumplirán diez años desde su fallecimiento; él era el Presidente de Canarias en 2006, cuando más de 32.000 personas arribaron a nuestras costas y otras, cuyo número no conocemos, se dejaron la vida en el mar. Dada la colaboración de Marruecos – país que Adán Martín visitó en mayo de 2004 – las mafias de la inmigración se habían establecido creando una ruta desde el sur, con origen en Senegal y Mauritania, con cayucos, embarcaciones con más capacidad que las pateras del Sáhara.

La respuesta del Estado, en los primeros meses de 2006, tampoco fue inmediata pero la contundencia en la posición del Gobierno de Canarias y su colaboración comprometida forzaron al Gobierno de España entonces presidido por José Luis Rodríguez Zapatero a cambiar: de la indiferencia a la acción. La Vicepresidenta, Teresa Fernández de la Vega, convino con Adán Martín diversas medidas:

a) Se habilitaron –gracias a la logística del Ejército – espacios dignos en los cuarteles de la Isleta (Gran Canaria) y Los Rodeos (Tenerife) ; además de los CIEs de Las Palmas de G.C. , El Matorral (Fuerteventura) y –más tarde- Hoya Fría (Tenerife ) .

b) El 16 de marzo de 2006 los Secretarios de Estado de Exteriores (Bernardino Léon) y de Interior (Antonio Camacho) viajaron a Mauritania; junto a ellos, acudimos Luis Padilla (Director General de relaciones con África del Gobierno de Canarias) y yo , como Consejero de Presidencia y Justicia. Los encuentros políticos al más alto nivel en la capital, Nuakchot, y con autoridades locales en Nouadhibou, al norte, pusieron los primeros eslabones de la cooperación española al problema en ese país de tránsito para los migrantes.

Posteriormente se haría lo mismo en Senegal, dado que el puerto de Saint Louis era la base de partida de la mayoría de los cayucos.

c) La máxima colaboración del embajador español en Mauritania, Alejandro Polanco, que hizo posible que días más tarde el 21 de marzo el Consejero de Economía y Hacienda, José Carlos Mauricio y yo mismo visitáramos nuevamente aquel país; proseguimos la tarea iniciada y ofrecimos al general Francisco Gabella, entonces máximo responsable de control de fronteras de la Guardia Civil , todos los medios a nuestro alcance para la dotación de las unidades de ese cuerpo de seguridad español que se establecieron en el puerto de Nouadhibou.

La cooperación canaria financiaría el hospital de aquella ciudad mauritana y un plan de modernización de la Administración municipal.

d) Con la vicepresidenta se acordó asimismo la realización de derivaciones a centros en la península, una vez colmatada la capacidad de las instalaciones en Canarias, hasta la aplicación de las medidas de la Ley Orgánica de Extranjería.

Cuando todas estas acciones estaban en marcha, el 12 de julio de 2006, el presidente Zapatero –junto al Presidente Adán Martín y el Ministro Jesús Caldera- visitó el puerto de los Cristianos (Tenerife) en reconocimiento a los efectivos policiales, de salvamento y de ayuda humanitaria y ese mismo día pudo comprobar también el buen trabajo de acogida de los inmigrantes en la base militar de Los Rodeos. Es justo reconocer asimismo el perseverante trabajo del Delegado del Gobierno de España, José Segura, que asumió su responsabilidad y mantuvo una firme postura para facilitar el alojamiento de los inmigrantes, incluido algún encontronazo con algún mando militar.

En octubre de 2006, el Consejo de Ministros creó en Las Palmas de G.C. el Centro de Coordinación Regional de Canarias, por el que se dispone la creación de la autoridad de coordinación de las actuaciones para hacer frente a la inmigración ilegal en Canarias y se establecen normas para su actuación. Provisionalmente fijó su sede en la Comandancia de Marina y al frente del mismo se nombró al general de la Guardia Civil, Cándido Gardiel. El Gobierno de Canarias facilitó medios para el centro, mantuvo excelentes relaciones con su titular y más tarde se suscribió un Convenio entre la Vicepresidencia estatal y la Consejería de Presidencia y Justicia para la integración del CECOES 1-1-2 y los helicópteros de los G.I.E. en el mismo (BOE nº65, de 16-3-2007).

En enero de 2007 el Presidente Martín realizó una visita oficial a Mauritania, fue recibido por el entonces Presidente del país y realizó múltiples contactos para la cooperación; entre otras actuaciones, inauguró la infraestructura hospitalaria en Nouadhibou financiada por Canarias.

En la legislatura 2007-2011 el presidente Paulino Rivero dio continuidad a esa política de colaboración comprometida y encontró respuesta en la buena relación que tenía con el Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

El relato del pasado sólo tiene utilidad si sirve al tiempo presente, septiembre de 2020. Sirve para preguntarnos por la responsabilidad actual del Gobierno de España en el control de sus fronteras marítimas; sirve para preguntarnos si va a ejercer su soberanía como Estado sobre el territorio de Canarias y sirve para preguntarnos si va a tratar como seres humanos a los inmigrantes a los que hacina en Arguineguín, un puerto de titularidad autonómica. O para preguntar a ese Gobierno si -repasando los antecedentes de 2006 – la única solución a ese trato inhumano en 2020 es el uso ilegal de los establecimientos turísticos (artículos 13.1.c), 15.1, 30 y 75.9 de la Ley 7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias), contribuyendo así a empeorar las graves expectativas de nuestro destino turístico en este tiempo tan difícil de la covid-19.

Que la comparación de 2006 con 2020 sirva a la necesidad de una atención inmediata. Sirva de apoyo a la competencia de las instituciones canarias , de exigencia de uso legal de los establecimientos turísticos al Gobierno español y a los empresarios del turismo y , sobre todo , que sirva a una urgente respuesta política del Estado con el territorio más lejano, frontera sur de la UE : Canarias, Archipiélago Atlántico , dice el artículo 1 de nuestro Estatuto…

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