El pasado día 4 Golda Barton llamó a emergencias pasadas las diez de la noche para solicitar un equipo de intervención de crisis que llevara al hospital a su hijo Linden Cameron, de 13 años, que padece autismo y sufría un ataque de ansiedad. Barton explicó al operador de Salt Lake City, Utah (un Estado de mayoría blanca) que el pequeño, que también padece el síndrome de Asperger, tenía una crisis por separarse de ella, que acababa de regresar al trabajo por primera vez en casi un año.

Cuando la Policía llegó a su casa estalló la confusión y en cuestión de minutos varias voces gritaron «¡al suelo!» mientras los agentes disparaban contra el niño, que huía corriendo de la casa. Horas después Golda miraba a Linden postrado en estado grave en la cama de hospital con lesiones en el hombro, los tobillos, intestinos y vejiga. La conmocionada señora, a cargo de dos chicos, tendrá a su hijo convaleciente por largo tiempo y se enfrenta ahora a grandes facturas médicas.

Pero Linden tuvo suerte, sobrevivió a la intervención policial, algo que 1.254 estadounidenses con enfermedades mentales no lograron en el último lustro. Constituyeron el 22% de las personas abatidas por agentes. En lo que va de año 781 personas han muerto víctimas de cuerpos de seguridad. Desde 2015 se ha contado una media de mil víctimas. En total, más de 5.600.

El problema del gatillo fácil de la Policía norteamericana es antiguo y complejo. Los esfuerzos para controlarlo constituyen un reto formidable en un país con una profunda cultura de violencia y de afición a las armas. De hecho, la Segunda Enmienda a la Constitución les concede una preminencia inherente a la creación de la nación, y también estrechamente ligada a la consecución y protección de la libertad.

La realidad es que en un territorio que cuenta con 18.000 agencias policiales, cada una con diferentes problemas y resultados, realizar cambios a escala nacional requiere importantes esfuerzos sostenidos en el tiempo a través de todas las jurisdicciones. Particularmente difícil donde no hay leyes federales que obliguen a registrar los incidentes letales.

Jacob Blake, de 29 años, tiroteado siete veces por la espalda frente a sus hijos pequeños en Kenosha, Wisconsin, es solo el último de una larga historia de abusos policiales racistas. Desde que Michael Brown fuera asesinado a tiros en agosto de 2014 por un oficial en Ferguson, Missouri, el uso de la fuerza policial excesiva ha generado un importante debate nacional que ha alcanzado un punto máximo con las movilizaciones de las protestas más recientes del verano tras el ahogamiento de George Floyd.

Según las encuestas, 45 millones de estadounidenses tienen puntos de vista más progresistas sobre las distintas razas, y por primera vez, la mayoría del país desea el fin de la violencia contra los afroamericanos y otras personas de color. A pesar de ello los resultados no han cambiado. La Policía mató a más personas el año pasado que el anterior y las disparidades raciales persisten en los arrestos, mientras que el uso de fuerza letal y las probabilidades de que el sistema judicial penal responsabilice a los agentes en situaciones de muerte en custodia son aún escasas.

Breonna Taylor, afroamericana de 26 años, fue asesinada poco después de la medianoche del 13 de marzo, en Louisville, Kentucky, cuando agentes de paisano asaltaron a la fuerza su domicilio para ejecutar una orden de registro ‘sin aviso’ en una investigación de narcóticos. Taylor y su novio de 27 años, Kenneth Walker, dormían. Ella, técnica sanitaria de emergencias, murió de cinco impactos de bala. Él sobrevivió. La Policía no llegó a encontrar en la casa las drogas que buscaba.

Aunque hasta ahora ningún agente ha sido imputado, la investigación ha revelado errores sustanciales en la operación, incluida la dirección del domicilio. Además, el oficial a cargo, ahora en proceso de destitución, tenía antecedentes de quejas por conducta temeraria. La familia de Taylor ganó una demanda civil esta semana con un acuerdo de 12 millones de dólares.

Las mujeres negras representan el 20% de las asesinadas a tiros por la Policía. Según el diario ‘Washington Post’, que desde 2015 lleva un registro de tiroteos fatales de los cuerpos de seguridad, 250 de ellas han perdido la vida en estas circunstancias, 89 de ellas en sus propias casas.

Según Mapping Police Violence, un archivo de colaboración colectiva creada por activistas, los cuerpos policiales tienen prejuicios raciales contra los afroamericanos, latinos, LGBT y personas con discapacidad y enfermedades mentales. Como consecuencia de ello, miembros de estos colectivos mueren a manos de los agentes a un ritmo desproporcionado. Los afroamericanos, con solo el 13% de la población, son víctimas en una tasa de más del doble que los blancos, que representan la mitad de las personas asesinadas por la Policía.

Además, en los últimos años se ha producido una alarmante militarización de las fuerzas policiales por el controvertido ‘Programa 1033’ del Departamento de Defensa, restringido un tiempo durante el mandato de Barack Obama, pero que ya entre 1990 y 2014 transfirió miles de millones de excedente en armas y equipos militares a los departamentos policiales. Las perturbadoras imágenes de televisión y redes sociales sobre el despliegue policial con tanques y equipo militar táctico en las calles este verano han causado un despertar abrupto del público ante la militarización de esos cuerpos.

Otra tendencia aún más perversa es la que protagonizan grupos de supremacistas blancos infiltrados en las últimas dos décadas en las agencias policiales nacionales que explica la sorprendente connivencia en los despliegues en estos días. Desde los incidentes de Charlottesville hasta el reciente homicidio de dos activistas en Kenosha por el menor blanco armado, los grupos del extremismo de la derecha han contado con la legitimación del presidente Trump, que en los últimos meses ha instado a actuar con o sin uniforme como arma de su intimidación preelectoral.

El debate nacional sobre la reforma policial ha entrado de lleno en la campaña, pero la oposición de los poderosos sindicatos policiales amenaza con aguar al final las aspiraciones de los demócratas de hacer cambios serios. En un país donde las armas militares pasan por deportivas y cualquiera puede comprarlas fácilmente en las ferias los fines de semana o por Amazon, los agentes defienden a ultranza el derecho a trabajar protegidos.