El Gobierno de Canarias está dispuesto a llegar a la Justicia para hacer valer su posición sobre el protocolo elaborado por el Ministerio de Migraciones sobre la atención a los inmigrantes que den positivo por coronavirus y a sus contactos estrechos y que responsabilidad siga en manos del Estado.

Tras la reunión sectorial del Ejecutivo autonómico con los ministros de Política Territorial, Carolina Darias, y de Migraciones, José Luis Escrivá, el presidente canario, Ángel Víctor Torres, mantuvo que el último borrador del ‘Protocolo de actuación ante posibles casos importados de Covid 19 en el contexto del fenómeno de la inmigración irregular’ «tiene aspectos que deben ser mejorados». Explicó al respecto que Canarias «no está de acuerdo» en los términos que se exponen en el documento.

La principal discrepancia tiene que ver con la disposición que indica que la autoridad sanitaria autonómica debe hacerse cargo de los inmigrantes que den positivo por coronavirus, así como de las personas que deban estar en cuarentena por ser contactos estrechos. Para Torres, el Gobierno autónomo no puede asumir esta responsabilidad, sobre todo por la falta de espacio.

Por eso, y para tratar de encontrar una solución consensuada, ayer se acordó trabajar en un «convenio de cogestión» con Madrid. Si no fuera posible un acuerdo, dijo el presidente, «la Justicia lo dilucidará».

Según Ángel Víctor Torres, Migraciones entiende que «tiene argumentos jurídicos para elaborar este protocolo y el Gobierno de Canarias entiende que esa disposición sobre la atención a los inmigrantes no tiene cobertura». Se trata, añadió, de una controversia «técnica y jurídica».

También expuso el jefe del Ejecutivo su discrepancia con otro punto de la redacción del texto, que hace referencia a la utilización de los fondos covid del Estado para prestar esta atención, un extremo que, en su opinión, «no cabe en este texto».

Tanto Torres como el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, indicaron que se continuará trabajando durante el mes de agosto para disponer de más centros para la acogida de las personas que llegan en cayucos y pateras y anunció que el ministro Escrivá visitará las islas en septiembre para tener una nueva reunión sectorial y analizar la disponibilidad habitacional de Canarias. En este sentido, se puso sobre la mesa la conveniencia de abrir espacios que son propiedad del Gobierno de España, sobre todo de Defensa y de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

Torres habló de la necesidad de arbitrar «mecanismos administrativos de urgencia» para que se puedan poner utilizar cuanto antes, mientras que Pestana prefirió no concretar donde y cuando estarán disponibles hasta el momento en que estén listos y decidido por los ministerios competentes. Aún así, indicó que el Estado «no renunciará» a seguir pidiendo recursos a la comunidad autónoma, que es quien facilita en este momento, junto con las corporaciones locales, la mayoría de los espacios de acogida.

En este sentido, el presidente autonómico recordó que muchas de estas instalaciones deben ser devueltas a las administraciones canarias antes del mes de septiembre para el principio de curso, sobre todo las residencias y polideportivos.

Por otro lado, Torres se refirió la imagen de las 71 personas que han pasado más de tres días en el muelle de Arguineguín esperando a ser trasladados a un centro y señaló que su sensación es «la misma que cualquier ser humano bien nacido pueda tener. No creo que sea algo que alegre a las personas de buen criterio y buenos sentimientos».