Solo horas después de que medio centenar de chabolas saliesen ardiendo en un asentamiento de inmigrantes en la localidad onubense de Lucena del Puerto, su alcalde, el independiente Manuel Mora, que gobierna gracias a apoyo del PP, ha sacado pecho de las ayudas que presta a estas personas, a las que define como “avalancha”, de las que asegura que viven en mitad del campo en estos asentamientos porque “lo único que quieren es no pagar alquiler”. Lo dijo en declaraciones a la cadena SER, en las que sostiene en varios extractos el gasto que supone para las arcas públicas que los inmigrantes vivan en los asentamientos. El presidente de la ONG ‘El Anaquel del Pinsapo’, Luis Manuel Guerra, que lleva años trabajando en la zona, asegura que es “de risa” que el alcalde sostenga unos datos que son “mentira”.

Sea como fuere, la realidad es que en el entorno agrícola de Huelva las autoridades municipales no afrontan de la misma manera la realidad de los asentamientos. Un caso sería el de Lucena. Sin ir más lejos, Mora se ha posicionado claramente en contra de permitir que los inmigrantes se asienten en el pueblo como un vecino más. En su día aseguró que no empadronará a los inmigrantes que vivan en chabolas de los asentamientos que ocupan el monte público de la localidad al considerarlo “ilegal”, a pesar de la resolución publicada por el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 2 de mayo una modificación de otra resolución de enero de 2015 que recoge la posibilidad de empadronamiento en infraviviendas como, por ejemplo, las chabolas. Un detalle que permite acceder a programas de ayuda entre otras cosas. "Las chabolas además no tienen dirección de correo, no es una dirección, con lo cual no se puede empadronar”.

No muy lejos, en Lepe, el pueblo de la provincia con más inmigrantes en chabolas, sí han facilitado el empadronamiento. Un centenar de inmigrantes que viven en asentamientos chabolistas en este pueblo se han empadronado legalmente en el municipio desde que viven allí, presentando como vivienda habitual la chabola de cartón y plásticos que ocupan cuando se encuentran en el pueblo. Para ello tuvieron que acreditar que viven en una chabola, lo que posteriormente era corroborado con un informe de la Policía Local que acredita la veracidad de lo declarado.

En Lepe, han optado por intentar acabar con las infraviviendas al tiempo que llenan viviendas vacías del pueblo con el programa ‘Lepe-Hábitat’. Con esta iniciativa, los vecinos que aporten sus casas para los migrantes tienen una rebaja del 90% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), para ayudar a la reubicación de personas procedentes de los asentamientos, que se mantienen en el pueblo todo el año para trabajar en diferentes labores agrícolas. La rebaja del IBI se une a otras medidas de ayuda, y ya son varios los inmigrantes que han dejado el cartón y el plástico y tienen un techo sobre ellos.

“El Ayuntamiento no tiene que prestar servicios si vives ilegal”
En Lucena reclaman más ayudas por parte de las administraciones ya que “solo la Junta” que ha dotado al Ayuntamiento de 432.000 euros para alimentación y para llevar agua potable a las chabolas. Sin citar el destino concreto de ese dinero, sostiene que hay al menos 22 asentamientos y que mantienen “la limpieza; allí podía haber 2.000 toneladas de basura”, asegura mientras da la cifra de 80.000 euros que gasta en limpiar el asentamiento. En las mismas declaraciones afirma que ha habido que interrumpir el programa de entrega de alimentos a los inmigrantes porque se produjeron incidentes ante las personas que “pretendían comer gratis sin necesitarlo", y sostiene en todo momento que el Ayuntamiento no tiene que prestar servicios a gente que vive “en un asentamiento ilegal en monte público”.

Preguntado sobre la necesidad de que esas personas tengan atención social, el edil espeta: “También somos personas los que viven en el municipio”, y recuerda que al principio de la pandemia pidió la intervención de la UME para intentar controlar los asentamientos, en los que dice que vivían “de 1.500 a 3.000 personas”, datos de los que no da la fuente y que no coinciden con los que manejan las ONG que trabajan allí. Es en ese punto donde sostiene que muchos de los inmigrantes “tienen papeles, pueden trabajar y lo único que quiero que tengan en cuenta es que lo único que quieren es no pagar el alquiler”.

“Su situación es dramática”
La situación de los inmigrantes en Lucena del Puerto (y el el resto de asentamientos) es “dramática”. Lo asegura el técnico de Exclusión Social de Cáritas en Huelva, Juan Manuel Breva. Tras el incendio de este domingo, lamenta que “no es fácil y no nos podemos acostumbrar a ver a personas que de nuevo pierden todo lo que habían conseguido en España. Dinero, documentación, lo que habían ganado en esta campaña…, todo se ha ido al traste”.

Ha recordado que en su día se estableció un protocolo en el foro provincial de la inmigración con diferentes entidades sociales para atender necesidades urgentes, como las que se producen tras un incendio, pero “tristemente fue presentarse el trabajo inicial y entrar en el periodo de estado de alarma”.

El representante de la ONG de la Iglesia Católica lo tiene claro: “No es de recibo que las personas que han perdido todas sus cosas y se han visto más en la calle todavía se vean sin ni siquiera protección en estos momentos”. La delegada del Gobierno andaluz en Huelva, Bella Verano, coincide con Cáritas en que estalló el estado de alarma solo un día después de los primeros acuerdos: “Llegamos a conclusiones, pero no dio tiempo a llevarlas a cabo. Estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano, aunque el protocolo no hace que no haya fuegos en los asentamientos, lo que hace es que se actúa después”.

Luis Manuel Guerra, cuya ONG trabaja estrechamente con los inmigrantes de estos asentamientos, asegura que es “de risa” lo que sostiene el alcalde, y “lo que dice es mentira”. Sobre la cifra de personas en chabolas, primero niega la mayor, y reduce la cifra de asentamientos de 22 a 13, y luego sostiene que “como mucho, en temporada alta, hay 900 personas”.

Preguntado sobre si los inmigrantes prefieren vivir en el campo aunque tengan dinero, tiene claro que “algunos han intentando alquilar en Lucena, en Bonares, la zona cercana de donde tienen trabajo, pero hay reticencias, porque la gente sabe que se meten muchos en los pisos, y es lógico, porque lo que quieren es sacar dinero del trabajo para enviar a sus familias, y si se ahorran 200 euros es lo que van a mandar a su gente, pero lo que quieren es alquilar una casa entre unos cuantos, y eso no es fácil”.

El Anaquel ha conseguido sacar a algunos inmigrantes de los asentamientos, pero no a todos. Los que siguen en los asentamientos trabajan esporádicamente en labores agrícolas, algunos sin documentación, algo que intentan solventar empadronándose en el pueblo, pero en Lucena tampoco lo tienen fácil.

El 94 % no quiere vivir en chabolas
De hecho, el estudio más completo sobre las intenciones de los inmigrantes en chabolas en Huelva lo realizó durante varios años la Fundación FECONS, y lo presentó en 2017. Lo realizó con colaboración económica de la Dirección General de la Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía, y trazaba un mapa muy concreto de la situación de unas personas que, en algunos casos, llevan varios años viviendo en esas chabolas. El dato científico que recogía era muy claro: “el 94 por ciento quiere salir de las chabolas y ocupar una vivienda”.