Las entidades sociales reivindican a las administraciones un plan de emergencia social para dar respuesta a las personas que han perdido el trabajo, en las últimas semanas, a causa del coronavirus y se han quedado sin nada para hacer frente al día a día. Este es el caso de Rosa, de 40 años, que en febrero del 2019 aterrizó en Barcelona huyendo de una situación de
inseguridad en Colombia. Al decretarse el confinamiento la despidieron de su empleo de cuidadora de una persona mayor. Sin ingresos, ahora está negociando un aplazamiento del pago de la habitación realquilada que ocupa en un piso del Paral·lel.

“Entiendo que la familia del señor al que cuidaba los fines de semana prescindiera de mí, lo hicieron por seguridad, para que él tuviera contacto con una sola persona todos los días y así menos riesgo de contagio”, comenta Rosa por teléfono desde el cuarto en el que pasa la mayoría de horas del día. Su situación es calcada a la de numerosos migrantes con trabajos precarios, muchos en la economía sumergida, que ya antes del devastador impacto del virus difícilmente llegaban a final de mes.

Titulada en Negocios Internacionales, aprovecha estos días para dar un empujón a un curso del SOC

Tal como alertó Càritas en un informe, una tercera parte de los habitantes de las 27 localidades que integran la diócesis de Barcelona sufren exclusión residencial; es decir, viven en pisos inseguros (realquiler, en proceso de desahucio o acechados por violencia familiar), inadecuados (en situación de hacinamiento o de insalubridad) o con un arrendamiento desproporcionado comparado con sus ingresos. Este es el caso de Rosa, que a la incertidumbre por saber cómo se ganará la vida cuando cese el confinamiento y cómo evolucionará su petición de protección internacional suma la angustia por estar recluida en una pequeña habitación por la que paga 350 euros mensuales.

“Durante el día, leo, limpio, hago tutoriales, hablo con mi familia. Mi hija vive en Australia, mi hermano en Estados Unidos y mi padre sigue en Bogotá. Salgo para cocinar y comprar. Este encierro me estresa”, cuenta.

En Colombia, trabajaba como administrativa en una empresa de alquiler de oficinas, pero por razones de seguridad tuvo que marchar del país. Titulada en Negocios Internacionales, aprovecha estos días para dar un empujón a un curso del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). “También hablo inglés y estoy en nivel 2 de catalán”, precisa.

Rosa no ha tenido suerte. “Mi caso es muy irónico, conseguí el permiso de trabajo el 10 de marzo y, poco después, perdí el empleo de cuidadora por el confinamiento. Llevo trece meses aquí y todavía no tengo cita para poder entrar en el programa estatal de acogida para los refugiados, todo está parado”, relata. Por si fuera poco, añade, un abogado que contrató nada más llegar a Barcelona para el proceso de asilo la estafó.

En agosto finalizará su curso de Comercio Internacional del SOC y sueña con una ocupación relacionada con su especialidad. O lo que le salga para poder subsistir. Cuenta que lo intentará a través de la bolsa de trabajo que maneja Càritas, entidad que la apoya.

A la angustia que le provoca el confinamiento, a no saber cómo responderá su casera por no disponer de ingresos para el alquiler, se suma el desasosiego por tener a la familia lejos, repartida por diferentes países del mundo. “Mi hija está ahora bien, en Sydney, estudia a distancia y trabaja en un restaurante de comida para llevar.”

Cuando el cuerpo y la mente necesitan un respiro se asoma a la escalera y baja a la portería. Una fugaz vía de escape a su reclusión.