onald Trump, en pleno maremoto de las encuestas, con la mayoría de sus viejos colaboradores cesados o dimitidos, consolida sus mayores triunfos políticos en el Tribunal Supremo, donde ha afianzado una mayoría conservadora que puede revertir décadas de bipartidismo más o menos tolerado. Su penúltima victoria llegó durante la tarde del pasado miércoles, cuando los jueces de la principal corte del país dieron el visto bueno a la regla que niega a casi todos los inmigrantes que provienen de Centroamérica que pidan asilo político en EE UU. Es una decisión temporal, pero de momento entrega en bandeja a la Casa Blanca su pretensión de evitar que los sin papeles que alcanzan EE UU tras cruzar otro país, puedan reclamar asilo en territorio estadounidense. Tendrán que esperar en México. O regresar a casa. Si pueden. Con independencia de que sus peticiones de asilo sean o no legítimas, estén mejor o peor fundamentadas, y sin importar el hecho de que haya quien escapa de una violencia cierta y corre peligro de muerte.

Nada más aparecer la sentencia un eufórico Trump tuiteó sobre la «¡gran victoria en el Tribunal Supremo de Estados Unidos por el asilo en la frontera!». Poco después informaba de que había hablado con el presidente de México. «Tuve una excelente conversación telefónica con Andrés Manuel López Obrador», escribió, «en la que hablamos sobre la Seguridad de la Frontera Sur y varias otras cosas de interés mutuo para la gente de nuestros respectivos países». Para Trump, «la frontera sur está fortaleciéndose a pesar de la obstrucción por parte de los demócratas de no aceptar hacer nada respecto a las lagunas del sistema de asilo». El propio López Obrador, también en Twitter, confirmó que «sostuvimos una buena conversación telefónica con el presidente Donald Trump. Se reafirmó la voluntad de mantener una relación de amistad y cooperación entre nuestros pueblos y gobiernos».

Pero el entusiasmo por la decisión judicial no es compartido ni siquiera en el seno del mismo Supremo. Destaca poderosamente el voto particular de la juez Sonia Sotomayor. Para la magistrada, y para su colega Ruth Bader Ginsburg, «la prohibición de asilo de Trump representa una revocación radical de nuestra antigua garantía de ofrecer un refugio seguro a los perseguidos». En opinión de Sotomayor, con su sentencia, «el Tribunal esquiva el proceso judicial ordinario para permitir al Gobierno implementar una regla que omite los procedimientos ordinarios». «Temo», añade, «que la acción precipitada del Tribunal hoy ponga en riesgo los procesos gubernamentales que fomentan la deliberación, la participación pública y la transparencia. Otorgar una suspensión pendiente de apelación debería ser un acto «extraordinario». Desafortunadamente, parece que el Gobierno ha tratado este mecanismo excepcional como una nueva normalidad. Históricamente, el gobierno ha hecho este tipo de solicitud en raras ocasiones; ahora lo hace de forma reflexiva».

Por supuesto el caso judicial sigue en marcha. Pero de momento, el Gobierno podrá imponer el veto en todo el territorio nacional. Mientras los defensores y activistas por los derechos civiles piden calma a sus representados y aseguran que se ha perdido apenas una batalla, y mientras recomiendan a los inmigrantes que provienen de otros países distintos a México que pidan asilo en el primer país extranjero al que lleguen, sin esperar a alcanzar EE UU, el portavoz del departamento de Justicia, Alexei Woltornist, comentó que «esta resolución ayudará a la Administración para poner orden en la crisis en la frontera sur, cerrar las lagunas en nuestro sistema de inmigración y desanimar a quienes vierten afirmaciones frívolas».

En realidad, suceda lo que suceda con las alegaciones en los tribunales de rango inferior y, también, lo que muchos analistas dan por seguro es que empiezan a sentirse los efectos del nombramiento de Brett Kavanaugh, su candidato, que alcanzó el cargo luego de una campaña salvaje en contra. El objetivo de fondo, reorientar al órgano capaz de cambiar de raíz muchas de las políticas nacionales. A fin de cuentas al Tribunal Supremo llegan todas las grandes causas, empezando por la pena de muerte, el derecho a portar armas y el aborto y siguiendo por el matrimonio homosexual, las cuestiones sindicales, las restricciones medioambientales a la industria, la protección de especies y espacios naturales o los grandes asuntos migratorios. El gran legado de Donald Trump, al fin, puede consistir en la revocación de muchos de los consensos mantenidos con grandes y delicados reparos por los partidos republicano y demócrata.

De momento, y entre los perjudicados por la resolución provisional del Supremo no se encuentran solo los refugiados provenientes de países como El Salvador y Nicaragua, sino también, por ejemplo, los ciudadanos de Venezuela que escapan del régimen de Nicolás Maduro. Michael Knowles, portavoz del sindicato que representa a los empleados del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, ha tachado la nueva política de «claramente incompatible con la ley».