La crisis humanitaria se agudizó en el sur de México con los cambios en política migratoria impulsados por el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, denunció este domingo la ONG Pueblo Sin Fronteras.

“Durante los últimos meses y a partir de que el nuevo gobierno anunciara el inicio de una nueva política migratoria de no contención y sustentada en el apego irrestricto al respeto de los derechos humanos, en la frontera sur de México se agudizó la crisis humanitaria”, dijo la ONG en un comunicado.

Pueblo Sin Fronteras, que apoya el fenómeno de las caravanas migrantes desde octubre y es una de las pocas organizaciones visibles en este movimiento, agregó que falta apoyo administrativo y humanitario por parte del Instituto Nacional de Migración (Inami) y otros organismos públicos.

“Cientos de familias, madres con hijos y adultos migrantes se ven obligados a soportar el tiempo de espera en condiciones de hacinamiento en parques, aceras y en las inmediaciones de las estaciones migratorias de Tapachula y Ciudad Hidalgo” (Chiapas), señala el comunicado.

La ONG denuncia corrupción al interior del INM, un creciente “clima de violencia” y la “falta de un plan migratorio estructural” y “visión a largo plazo”.

La llegada de López Obrador al poder el pasado 1 de diciembre se acompañó de la promesa de respetar los derechos humanos y facilitar el cruce de los migrantes por México en su camino hacia Estados Unidos, y a esos migrantes se les ofrece una tarjeta de visitante por razones humanitarias temporal y la posibilidad de trabajar en el país.

La medida fue, en un principio, bien aceptada por los migrantes. Pero la tardanza en la gestión de este oficio ha provocado aglomeraciones en varias localidades del sur de México, y situaciones de tensión.

De acuerdo con la ONG, “hoy siguen llegando personas de distintas partes de las Américas en busca de protección de un Estado que dice abrogar por los derechos humanos pero en la práctica sigue una agenda global de secularización, racismo y muerte”, añade.

Este sábado, más de 1.200 migrantes, en su mayoría centroamericanos, comenzaron su caminata en caravana por el sureste de México tras pasar dos meses varados en el estado de Chiapas, cansados de esperar los trámites de las autoridades.

Pueblo Sin Fronteras aumentó este domingo la cifra a 2.000 migrantes y señaló que cientos de ellos son cubanos “víctimas de prácticas deshonestas, rapaces y corruptas” de personal migratorio.

Finalmente, la ONG denunció malas prácticas como: venta de salvoconductos a cubanos, venta de tarjetas humanitarias falsas, colusión con el crimen organizado y trata de personas, trabajos forzados en cafetales en condiciones de explotación laboral y venta de drogas y corrupción en centros migratorios, así como hacinamiento. EFE