Una manifestación con motivo del Día Internacional contra el Racismo, que tuvo lugar el pasado jueves 21, recorrió ayer el centro de Pamplona para rechazar “el racismo en todas su expresiones” bajo el lema Todos los derechos para todas las personas. Convocados por Iruñea Ciudad de Acogida, SOS Racismo, la plataforma Papeles y Derechos Denontzat y Flor de África Amnistía Internacional, cientos de personas pidieron el cierre definitivo de los Centros de Internamiento de Extranjeros y la derogación de la ley de extranjería.

Sousef Ateko, presente ayer en la manifestación, sabe muy bien lo que es sufrir esta ley. Emigró de Chad y llegó en patera a España en 2015. A partir de entonces, ha sufrido una legislación por la que ha tenido que esperar tres años para comenzar con los trámites para la obtención de papeles. “Nos hacen las cosas más difíciles todavía, porque, mientras, buscamos empleo o trabajamos duro y con contratos cortos”, denunció el joven africano.

En ese duro periodo hasta conseguir los papeles, la Asociación Humanitaria Navarra en Acción presta su ayuda por medio de voluntarios como Jesús Denia o el propio Ateko. Denia critica el “exceso de burocracia” y explica el perfil de las personas migrantes y refugiadas a las que asisten en Navarra y en el extranjero como “gente que huye de la miseria y arriesga lo único que le queda para vivir con mayor dignidad”.

Ese simple objetivo era el que perseguía la nigeriana Joy Amen Omoruyi cuando llegó a España hace cuatro años. Ahora, lleva dos en Navarra y observa que “la situación de los inmigrantes como yo, que solo buscan una vida mejor, es muy mala. Por eso he venido a luchar contra el racismo”, afirmó.

La marcha terminó en la plaza del Ayuntamiento con la lectura de un manifiesto en el que se afirmó que “una Europa y Estado español cada vez más intolerantes” están llevando a cabo “una serie de medidas antisociales” como “el trabajo precario, los desahucios, la inaccesibilidad a la sanidad pública y los recortes en el ya escaso gasto social”. Los convocantes subrayaron que “las migraciones forzadas no desaparecerán mientras existan las causas que las motivan”.

Además, los manifestantes exigieron a los Gobiernos europeo y español que dejen zarpar a los barcos retenidos Aita Mari y Open Arms, de ayuda humanitaria. Ramón Iantzi, miembro de Iruñea Ciudad de Acogida, cree que “es una contradicción” que Ayuntamientos como el de Barcelona subvenciones estos botes y los políticos y la ciudadanía lamenten la situación en las costas, mientras los Gobiernos provocan que el Mediterráneo se haya convertido en un mar que califican de “fosa común”.