Convertir el problema en una oportunidad. Este verano, cuando se disparó la llegada de menores extranjeros no acompañados ( menas) a Catalunya, se habilitó, entre otros, el Complex Educatiu de Tarragona para poder acogerlos. Ahora, en estas mismas instalaciones (la antigua Universidad Laboral) 40 de estos jóvenes están estudiando para formarse como auxiliares de jardinería, cocina o pintura. El Govern tiene previsto extender la experiencia –impulsada conjuntamente por las consellerias de Ensenyament y la de Treball, Afers Socials i Families– al resto del territorio ofreciendo 900 plazas más para que estos menores (la mayoría de 17 años y procedentes de Marruecos) puedan estudiar lo más cerca posible del centro donde están acogidos.

“Nos levantamos a las ocho, vamos al comedor para desayunar y luego tenemos clases desde las nueve hasta las 12.30 h. Después comemos y hacemos actividades”, dijo ayer Ayman, un joven marroquí de 17 años durante la visita institucional que realizaron los consellers al Complex Educatiu. Los adolescentes reciben clases de catalán, castellano, francés, árabe o matemáticas: “Es una gran oportunidad para nosotros”, insistió Mhamadou Mohamed, de Guinea Equatorial.

La Generalitat recurrirá el decreto ministerial, que destina dos de los 38 millones a Catalunya

“Estos jóvenes son personas con todos los derechos, han huido de situaciones muy duras y tenemos que atenderlos y eliminar cualquier estigmatización”, afirmó el conseller de Ensenyament, Josep Bargalló. Los estudios son una adaptación de los Programas de Formación e Inserción (PFI) que se imparten a menores de más de 16 años que no han acabado la ESO. El año pasado unos 7.000 jóvenes de toda Catalunya se matricularon a un PFI “y de estos el 80% terminaron y encontraron trabajo”, añadió Bargalló.

“Queremos empoderarlos y que tengan más recursos para salir adelante”, explicó el conseller de Treball i Afers Socials, Chakir el Homranhi. A la visita también asistió la cónsul de Marruecos en Tarragona, Fátima Irbolah, quien animó a los muchachos a esforzarse, “porque esto es un regalo de Dios”, dijo.

Bargalló y el Homranhi reclamaron al Gobierno central más celeridad: “Regularizar la situación administrativa de estos chicos –hay más de 3.100 en Catalunya– cuesta entre ocho y nueve meses y hemos tenido que buscar vías alternativas, con la tarjeta sanitaria, para poder trabajar con ellos…”. Además, el Govern informó por la tarde que presentará un recurso contencioso-administrativo contra el decreto que prevé la distribución de fondos en materia de acogida de estos menores sin referentes familiares. “De los 38 millones de euros habilitados por el Ministerio de Sanidad, a Catalunya sólo llegan dos”, mantiene el Govern, que lamenta que el decreto se centre en la llegada de los jóvenes y en la primera atención y no en la atención continuada.