Que el Partido Popular de España decidiera no apoyar las futuras sanciones a Viktor Orbán por la regresión democrática de Hungría nos lleva a una conclusión que se vislumbraba hace tiempo: en la polarización de la política europea el centro-derecha se inclina hacia la extrema derecha. Casado refleja a la perfección ese giro: una semana después de ser nombrado secretario general ya lanzaba un bochornoso mensaje antiinmigración.
Lo cierto es que este debate ha partido a la familia popular entre quienes argumentando los valores de libertad y democracia de Europa querían votar a favor, pero tuvieron que abstenerse, y los que querían votar en contra, pero tuvieron que abstenerse (Carlos Iturgaiz, Gabriel Mato y Pilar Ayuso votaron en contra de la sanción y, por tanto, en apoyo a Orbán).
El auge del euroescepticismo y de la extrema derecha es uno de las principales problemas a los que se enfrenta la UE en las próximas elecciones. En esa tesitura, la salida del partido húngaro Fidesz de la familia de populares europeos amenaza con ser en las próximos comicios una sangría de escaños que pierda el centro político a favor de la extrema derecha.
No hace falta reclamar la memoria de la Europa antifascista contra la barbarie para llevarse las manos a la cabeza con lo que sucede en Hungría a día de hoy. Dar asistencia a inmigrantes está penado con la cárcel, incluso si se trata de asistencia sanitaria o legal. Se reformó la Constitución prohibiendo el asentamiento de personas no húngaras en el país con incendiarios discursos como «no queremos que nuestro color se mezcle con otros». El Gobierno húngaro no ha acogido ni una sola persona de la cuota de personas refugiadas y ha construido una doble alambrada en la frontera con Serbia. Ha prohibido los estudios universitarios relacionados con el género. Aprobó una ley de medios que permite denunciar a la prensa crítica con su gestión. Por si fuera poco, tanto Orbán como su familia están involucrados en concesiones públicas fraudulentas para enriquecerse. Un cóctel de retroceso democrático sin precedentes recientes dentro de la UE.
Hungría (como también Polonia) no podrían entrar en la Unión Europea actualmente con una legislación tan restrictiva en derechos básicos como la libertad de prensa o de asociación, pero esta mutación se ha dado en el seno de la UE, mientras la Troika disciplinaba al pueblo griego o reformaba la Constitución de los países para dar seguridad a los acreedores.
Ante tal panorama, el statu quo pretende hacernos pensar que la única alternativa es seguir avanzando en la misma dirección de integración europea. Pero el modelo de construcción de la Unión Europea ha seguido una dirección tremendamente antisocial esta década: políticas de privatización de sectores clave; políticas de austericidio que en su aplicación se ha comprobado que solo aumentan la desigualdad y la pobreza como el techo de gasto; una moneda común diseñada para favorecer la economía exportadora de Alemania en detrimento de la periferia al generar déficits de la balanza de pagos; políticas comerciales desreguladoras a favor de los grandes capitales y multinacionales y tratados de comercio neoliberal como el TTIP, CETA o el TCI con Japón. Y, por último, devolución de demandantes de asilo a Turquía, externalización de fronteras armando a guardacostas libios o no hacer cumplir la legislación de apertura de puertos y acogida a Italia.
Por todo ello, son los propios dirigentes de la UE quienes crean las condiciones de la desintegración europea e, indirectamente, del auge de la extrema derecha. A pesar de todos los retóricos discursos, las políticas de corte cada vez más neoliberal y antisocial son gasolina para el fuego del euroescepticismo y la extrema derecha. Frente a las múltiples crisis, lo único que proponen es «más Unión Europea» sin nunca plantearse un cambio de dirección, sino solamente mayor velocidad en las reformas de ‘integración’.
El último discurso de Juncker sobre el Estado de la Unión nos ha mostrado a un Juncker cansado, con aire derrotado y un discurso plano, nada ambicioso, sin medidas nuevas e interesadamente ciego ante las responsabilidades y consecuencias de la crisis, principalmente las políticas neoliberales que han arruinado a millones de personas y la xenofobia institucional que se está cobrando miles de vidas en el Mediterráneo.
Cabe preguntarse si para construir Europa es mejor seguir ciegamente estas recetas desintegradoras o, si por el contrario, para salvar el proyecto europeo hace falta plantearse desobedecer las reglas financieras e institucionales para poner primero la solidaridad, la cooperación, la justicia social y el medioambiente. El avance de la extrema derecha solo se detendrá con un proyecto conjunto para la gente y los pueblos de Europa, un proyecto que hable a la gente de tú a tú y señale a los verdaderos culpables de las desigualdades. Ese es el proyecto que queremos en Podemos y al que por el momento se han unido también el Bloco de Esquerda de Portugal, Francia Insumisa, el Vosemmisto finlandés, el Vanterpartiet sueco y el Enhehsliste danés. Ese proyecto se llama: ¡Ahora la gente! Por una revolución democrática en Europa.