Valencia quiere 'legalizar' a manteros en un mercadillo bajo una cooperativa

El Plan Municipal de Inmigración plantea la posibilidad de ubicarles en un espacio concreto de la ciudad La Concejalía de Migración fija como requisito imprescindible que no se vendan productos falsificados

El Mundo, CRISTÓBAL TOLEDO , 18-07-2018

El Ayuntamiento de Valencia está explorando la posibilidad de crear una cooperativa o una sociedad laboral para dar cobertura legal a la actividad que desempeñan los manteros en la vía pública. La iniciativa se ha incluido en el borrador del Plan Municipal de Inmigración que está elaborando la concejala de Cooperación al Desarrollo y Migración, Neus Fábregas (València en Comú), y pretende abrir un proceso para que estos vendedores ambulantes puedan agruparse y conseguir su inclusión en los mercados extraordinarios de calle, que cuentan con una regulación municipal propia. La Concejalía de Migración ha iniciado los contactos con la de Comercio para estudiar una fórmula que avale esta iniciativa y está realizando, paralelamente, un censo para comprobar la situación de todos los manteros que operan en la ciudad. Aunque muchos de ellos no disponen de los permisos necesarios de residencia y trabajo en España, desde la Concejalía insisten en que no sería un impedimento para poder implementar el plan. «Su situación administrativa depende de la Delegación del Gobierno. Desde el Ayuntamiento de Valencia lo que pretendemos es normalizar el ciclo de trabajo y que puedan entrar en el sistema», explicó Fábregas a este periódico.Un espacio delimitadoEl proyecto municipal, además, apunta a la posibilidad de buscar un espacio concreto en la ciudad donde los manteros puedan trabajar ya bajo el paraguas legal de la cooperativa, la sociedad laboral o la fórmula elegida finalmente. En este sentido, Fábregas sostuvo que todavía no se ha elegido un lugar concreto y que éste se determinará de manera consensuada con estos vendedores ambulantes. De momento, lo único que tienen claro en la Concejalía de Migración es que el espacio no se ubicará en las afueras de la ciudad para garantizar cierto flujo de gente. Serán los propios manteros los que propongan una serie de ubicaciones al Ayuntamiento que, posteriormente, decidirá cuál podría ser la idónea.La iniciativa municipal, eso sí, contempla un condicionante imprescindible para que los manteros puedan incorporarse al proyecto de la cooperativa, que ninguno de los productos que vendan sean falsificaciones. Así lo explicitó Fábregas a este periódico: «Queremos canalizar esta actividad pero se podrán incorporar sólo aquellos que no vendan falsificaciones», apuntó la edil. El Plan Municipal de Inmigración no se ha aprobado todavía de manera definitiva, pero el documento ya está completamente elaborado a falta de las últimas posibles incorporaciones. Su tramitación en el consistorio ya ha comenzado y primero pasará por la Junta de Gobierno para, posteriormente, finalizar todos los pasos administrativos hasta su aprobación definitiva.
MULTA DE HASTA 300 EUROS POR VENDER SIN PERMISO
La iniciativa que ha desarrollado el Ayuntamiento de Valencia para tratar de ofrecer una cobertura legal a los manteros que operan en la ciudad es un paso más para tratar de combatir una situación que ha provocado múltiples quejas de los comerciantes. La fórmula de la cooperativa o sociedad laboral que se está estudiando en el consistorio facilitaría el cobro de tasas concretas para los comerciantes. Antes, sin embargo, el Ayuntamiento había tratado ya de buscar fórmulas para evitar este tipo de comercio ilegal en las calles de Valencia de una manera más coercitiva. En la nueva ordenanza de venta no sedentaria, de hecho, el consistorio introdujo un apartado para concretar la manera adecuada de proceder de la Policía Local. En este artículo, se estipularon por primera vez sanciones concretas por vender en la calle sin la pertinente autorización municipal. Y es que hasta la fecha no existía una ordenanza específica que regulase cómo debían proceder los agentes en presencia de los manteros y se actuaba bien en base a una ocupación ilegal del dominio público o bien por una infracción de la propiedad intelectual por la comercialización de productos falsificados. «Cuando agentes de la Policía Local o personal funcionario con competencias en materia de inspección constate una indebida ocupación del dominio público o de los espacios privados de uso público por no contar con la preceptiva autorización o por incumplir las condiciones de la misma, formularán la correspondiente denuncia, pudiéndose proceder a la retirada de los elementos o instalaciones así como al decomiso de los productos o enseres, si ello fuera posible, debiendo hacer constar todas estas circunstancias en el acta de denuncia levantada al efecto y sin perjuicio de la apertura del oportuno procedimiento sancionador», reza el artículo de la norma municipal sobre venta no sedentaria desarrollada por la Concejalía de Comercio. El texto establece que la venta en la calle sin autorización municipal supone una falta muy grave y, por tanto, acarrea una sanción de hasta 300 euros, según consta en el capítulo destinado a las sanciones de la ordenanza.

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