Los inmigrantes en situación irregular tendrán derecho a la asistencia sanitaria en iguales condiciones que los españoles sin tener que justificar su residencia en España, si los servicios sociales constatan que su país no puede abonar esta cobertura, lo que, según la ministra Carmen Montón, constituye un “gran cambio”.

Montón lo defiende a partir del borrador de decreto ley, al que ha tenido acceso Efe, que el Ministerio de Sanidad remitió la semana pasada a las comunidades, por el que se garantiza el derecho al acceso a la salud a todas las personas.

Una normativa, aplaudida por las asociaciones defensoras de la sanidad pública, por Podemos y Ciudadanos, con la que se recupera formalmente la sanidad universal, sin la necesidad de ser titular de la tarjeta de la Seguridad Social – algo que en España sólo se podía conseguir con un contrato de trabajo – , ni de estar empadronado.

Es decir, también se benefician del nuevo decreto los españoles que nunca hayan cotizado a la Seguridad Social, dado que se desvincula la situación laboral del derecho a la cobertura sanitaria. Tendrán cobertura sanitaria las personas que se encuentran en situación regular, que son la mayoría, y las procedentes de países que no puedan sufragar esta asistencia o las que no cuenten con un tercero, por ejemplo un seguro médico o convenio.

En el caso de los inmigrantes que residen en España de manera regular, serán también las autonomías las encargadas de fijar los requisitos y la documentación que deben aportar estas personas para obtener cobertura sanitaria.

Cuando se trata de inmigrantes irregulares el borrador excluye la obligación de acreditar el periodo mínimo de empadronamiento de 90 días que en un primer momento preveía el citado decreto, y serán los servicios sociales de las comunidades los que concedan, a través de un informe favorable, el derecho a la asistencia.

Con esta normativa, Sanidad revierte la orden de 2012 del Ejecutivo de Mariano Rajoy que privó de asistencia médica gratuita a los extranjeros sin permiso de residencia, aunque la mayoría de las comunidades articularon sus propios sistemas para prestarla y “lo habían ido salvando como habían podido”, según Montón.

Pero además, la ministra ha subrayado que esta “sanidad universal” no va a tener un impacto económico o sobrecoste para el sistema sanitario, ya que es “mucho más gravoso” atender en urgencias que en atención primaria. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) cree que el coste de esta medida “es muy pequeño”, porque la población en situación irregular ha disminuido durante la crisis y acude poco al sistema sanitario.