Una vez completada el domingo por la noche la aplicación de los protocolos de Extranjería a los 630 pasajeros del Aquarius, ayer se confirmaron los datos avanzados por ABC según los cuales casi la mitad de los inmigrantes ha manifestado su intención de pedir asilo en Francia. En concreto, 355 han dicho que lo harán en España y 270 en el país vecino, lo que representa respectivamente un 56,3% y un 43,4% del pasaje, a lo que hay que añadir que uno de los recién llegados ha rehusado formalizar cualquier declaración de intenciones.

Precisamente anoche estaba prevista la llegada a Valencia del equipo designado por el Gobierno de Emmanuel Macron, que según fuentes oficiales consultadas por este diario, llega con orden de trasladar al país vecino únicamente a los solicitantes que presenten «un perfil de refugiado». Al parecer, los franceses realizarán entrevistas a los interesados y en función de esa información decidirán, de forma tal que si detectan entre los aspirantes a ir a su país a «inmigrantes económicos», aquellos que entran en Europa en busca de una vida mejor y no empujados por persecución o guerras, «no se los llevarán». «Esperamos que el gesto de ofrecer a los pasajeros del Aquarius una acogida en Francia sea de verdad y no simbólico», subrayó la misma fuente, que añadió que el Elíseo «tiene que decidir cómo quiere verse en la foto» de la política migratoria común.

El reconocimiento de la condición de refugiado mediante la concesión del derecho de asilo no es fácil en Francia, como tampoco lo es en España. Ninguna entidad consultada ayer por ABC quiso aventurar cuántos ocupantes del Aquarius tienen posibilidades de obtener ese estatus que, al margen de si el país de origen está o no en conflicto, se otorga de forma personalizada siempre previo análisis exhaustivo de cada caso. La tasa de reconocimiento no abre demasiadas esperanzas. En 2017 se presentaron en España 31.738 peticiones y únicamente consiguieron asilo 626 (1,9%), aunque también se otorgó protección subsidiaria figura que autoriza a una estancia de cinco años revisables a otras 4.192 personas, un 13,2% del total, según datos facilitados por el Ministerio del Interior. Por eso, abren falsas expectativas las palabras ayer del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig en las que indicó que los pasajeros del Aquarius podrán en los 45 días de entrada extraordinaria que les ha brindado el gobierno «empezar un proyecto de vida aquí, en Europa».

En España es la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, que agrupa a cinco Ministerios y ACNUR, entre otros, la que propone cómo resolver cada instancia, sea de solicitantes del Aquarius, de los 1.290 inmigrantes llegados en pateras este fin de semana o de los 152 ocupantes del cayuco que ayer fue rescatado en aguas de Canarias, el mayor en diez años.
Hospitalizados

A la espera de que se resuelva su situación, la Generalitat desactivó ayer por la mañana el Plan Territorial activado para organizar el operativo y los inmigrantes llegados en la flotilla del Aquarius permanecen en varios centros. De los 630, 226 tuvieron que ser atendidos el pasado domingo en el Puerto de Valencia debido a patologías leves. De ellos, 122 fueron trasladados a cinco hospitales de la ciudad y todavía diez permanecen ingresados, aunque ninguno reviste gravedad. Según el balance final ofrecido por la Conselleria de Sanidad, se trataba de afecciones respiratorias, cutáneas, alteraciones en la función renal o problemas metabólicos, además de otros cuadros clínicos como deshidratación, fiebre, quemaduras por la mezcla de fuel y agua del mar y varios casos de amputaciones falángicas a nivel de la mano.

A los 226 atendidos en el puerto se les facilitó ya en el lugar la tarjeta SIP, mientras que al resto se les garantizará también la sanidad pública universal y podrán acudir a cualquier centro de salud.

La titular del departamento, Ana Barceló, también detalló ayer que se asistió a seis mujeres embarazadas, las cuales «se encuentran perfectamente», y a otra que había sufrido un aborto durante la travesía hacia la capital del Turia. Por el momento, se han cuantificado en seis por parte de Sanidad, aunque otras fuentes apuntaban a un número mayor.

Respecto a los menores, a falta de los datos definitivos, desde la Generalitat calculan que hay más de 120 no acompañados. La mayoría de ellos han sido alojados en un albergue de Alicante y en otro de Castellón, donde son apoyados por especialistas de ONGs como Cruz Roja en su proceso de acogida. Aun así, todavía queda pendiente de practicar parte de las pruebas forenses para confirmar su edad.

Las unidades familiares por el momento son trece y han sido instaladas juntas en un centro dependiente de la Generalitat para evitar la dispersión. También se ha tenido en cuenta, más allá del parentesco, las referencias para algunos menores de las personas con las que más relación han podido tener hasta su llegada, de forma que puedan estar tutorizados.

Durante la semana se seguirán manteniendo reuniones de coordinación, incluyendo con el Arzobispado de Valencia que puesto a disposición sus instalaciones.