El 15 de junio marca en el calendario la existencia de los CIE (Centros de Internamiento para personas extranjeras en situación irregular), auténticos agujeros negros del llamado Estado de derecho, cada vez más impasible ante vulneraciones que se dan dentro y fuera de sus fronteras.

En este Estado se sigue categorizando a las personas por su origen, generando ciudadanas e ilegales, es decir, personas con todos sus derechos reconocidos y otras invisibles y vulnerables. Un Estado donde las fronteras invisibles atraviesan la vida de miles de personas cada día: en forma de discriminaciones en el acceso a los servicios públicos, a derechos tan básicos como la sanidad, el empleo o la vivienda;en forma de paradas e identificaciones racistas por la policía, o cuando son internadas y privadas de libertad, y/o expulsadas por encontrarse en situación irregular.

Mientras el porcentaje de personas expulsadas desde los CIE sigue disminuyendo (en 2017 el 65% no fueron expulsadas), estos centros siguen acumulando denuncias, siguen funcionando como un mecanismo de control de fronteras basado en la privación de libertad, el maltrato y el abuso. Sabemos que el 70% de las personas que pasaron por uno de ellos el año pasado, lo hicieron tras bajarse de una patera. Algunas de ellas eran menores y, aunque la ley les protege, las políticas migratorias les criminalizan. Europa no quiere protegerles, sino explotarles y/o deportarles.

La denuncia más reciente la vivimos a finales del año anterior, cuando el Ministerio de Interior decidió saltarse sus propias leyes y disfrutar de la impunidad de la que gozan para emplear una cárcel no inaugurada aún como CIE improvisado internando ahí a más de 500 personas recién llegadas a costas españolas. Como resultado, Mohamed Bouderbala fue encontrado sin vida en su celda, en la que había permanecido 18 horas solo y sin vigilancia durante los momentos de los altercados en los que la Policía reprimió duramente las protestas de los internos con material antidisturbios. Había vídeos, testimonios y acusaciones;pero la versión oficial habló de suicidio y el Gobierno calló, la judicatura archivó, los testigos fueron deportados… ¡Sí, deportados!. Para esto sirven los CIE: causan dolor, producen aislamiento, generan miedo. Son un recordatorio de que las fronteras, esos espacios de No Derecho, no basta con atravesarlas una vez. Porque el Estado de derechose encarga de que las fronteras atraviesen la vida cotidiana de nuestras vecinas y vecinos.

Existen una infinidad de informes de organismos estatales e internacionales en los que se recogen las denuncias que se acumulan en los despachos de los tribunales a la espera de una decisión política que ordene su cierre y repare el daño cometido. Reparación que, sin duda, llega tarde para aquellas personas que ya fueron deportadas, y en especial para aquellas que murieron dentro de los muros de esa aberración que llaman CIE: Samba Martine, Idrissa Diallo, Aramis Manukyan, Mohamed Abagui, Jonathan Sizalima, Bouderbala Mohammed, nombres que se convirtieron en números y que, hoy y siempre, queremos que nos recuerden lo que nunca debió suceder: jamás debieron entrar en esos centros que jamás debieron existir.

No basta con mociones de instituciones como el Parlamento de Navarra o el Ayuntamiento, que abogan por su desaparición, mientras no mueven un dedo para paralizar las expulsiones o el internamiento de nuestras vecinas y vecinos. Queremos derogar la ley que permite su existencia desde 1985, la Ley de Extranjería que cosifica a las personas hasta reducirlas a cifras en base a la necesidad de los mercados. Queremos vivir en espacios sin identificaciones racistas, donde podamos movernos libremente, sin miedo, con el reconocimiento pleno y con dignidad. Mientras esto no sea una garantía plena seguiremos tejiendo redes de apoyo y solidaridad, seguiremos denunciando desde las calles, seguiremos recordando que todas las personas queremos vivir dignamente y que no hay cambio si no cabemos todas.

Papeles y Derechos Denontzat. SOS Racismo Nafarroa