Tras la llegada del ‘Aquarius’ a Valencia va quedando aclarado al fin el futuro que les espera a sus pasajeros. Todos salvo uno han mostrado por escrito su decisión de solicitar el asilo. Casi la mitad de ellos, 274 quieren ser acogidos en Francia, país que se ha ofrecido a colaborar, y el resto por España.

Una vez formalicen estas peticiones y los gobiernos de ambos países las acepten a trámite, entrarán en el circuito de acogida diseñado para estos casos y ya no podrán ser devueltos y ni ingresar el ningún CIE, según ha confirmado Paloma Favieres, directora de Políticas y Campañas de CEAR, una de las oenegés que participa en el operativo de Valencia y que este lunes ha presentado su informe anual correspondiente al 2017. Mientras no cumplimentan la petición de asilo, los inmigrantes disponen de los 45 días del permiso extraordinario de estancia por razones humanitarias que les ha otorgado el Gobierno español. 

La decisión de los pasajeros del ’Aquarius’ de acogerse al derecho de asilo es muy importante porque marca su futuro y les diferencia de la gran mayoría de los que entran por las costas en pateras o por Ceuta y Melilla. En estos casos, se les abre un expediente de devolución y a la mayoría se les ingresa en los CIEs sin informarles de la posibilidad de solicitar el asilo.

La falta de información provoca que la proporción de los que en ese primer momento formula la solicitud sea “ínfima”, según CEAR. Más adelante, cuando las onegés y los letrados de oficio pueden atenderles, la proporción aumenta pero nunca alcanza ni de lejos a la totalidad como en el caso de los llegados a Valencia.

Desde hace años que CEAR viene reclamando sin éxito ante el Gobierno la aprobación de un protocolo de acogida de los llegados a las costas que, entre otras cosas, recoja la obligación de proporcionar los afectados alguna fórmula de protección internacional. También con un éxito descriptible, lleva reclamando durante años la clausura de ls CIEs, junto a todas las oenegés que trabajan sobre el terreno. 

“Él trato modélico recibido por los inmigrantes del Aquarius debería ofrecerse también los que llegan en patera.  “Hay que igualarlo”, ha señalado Carlos Berzosa, presidente de CEAR, para quien la lección dada por España debería servir también para que “nuestro país lidere una nueva política de asilo en Europa”.

Las oenegés siempre han sostenido que la desinformación es el arma que ha usado tradicionalmente el Gobierno para evitar tener que acoger a asilados, conviertiéndose el furgón de cola de los grandes de Europa en este aspecto. Ahora esperan que esto cambie con el Ejecutivo de Sánchez, al que Berzosa se ha mostrado de todos modos partidario de “dar aire”, porque “acaba de llegar”.

Pese a esas tácticas de ocultación, la cifra de peticionarios de asilo crece, ahora sí, sin parar. Si el año pasado se alcanzaron las 31.120 solicitudes, sólo hasta mayo este año ya se han registrado 17.000. Estos incrementos no han venido acompañados de un aumento de medios en la oficina que resuelve los expedientes, lo que ha provocado que actualmente haya un atasco de 42.025 sin resolver.

De las que se resolvieron el año pasado, el 67% fueron rechazadas. Un cifra altísima en comparación con la media europea. En Catalunya, CEAR prevé que este año se cierre con el triple de solicitudes que el año pasado, en el que se registraron 3.900.

El día después de la llegada del ‘Aquarius’, el Ejecutivo de Sánchez se ha mostrado satisfecho por la labor realizada. La vicepresidenta,  Carmen Calvo, ha resaltado que la gestión española ha sido “magnífica”, tanto por parte de las ONG que colaboran como por parte de las autoridades autonómicas y los ministerios implicados. Se ha dado “una imagen muy solvente de nuestro país y nos devuelve al crédito para el que todos debemos contribuir” con el fin de que esta “sea la imagen de España y no otras”, ha recalcado. 

En un comunicado el Ejecutivo ha subrayado que hay que hacer las fronteras seguras, pero de forma compatible con los derechos humanos. 

El PSOE si irá más lejos este martes y someterá a votación en el Congreso una proposición no de ley instando al Gobierno a impulsar una política de inmigración en Europa que ponga las vidas humanas por delante de la defensa de las fronteras.