El número de menores extranjeros no acompañados (MENA) que causa baja en los centros de protección de la Junta de Andalucía crece cada año en relación al número de los que ingresa. En 2017, hasta un 69% de los que llegaron a los centros salieron de los mismos, bien para seguir voluntariamente con su “proyecto migratorio” o bien porque, al cumplir 18 años, no pueden seguir en los centros de menores y “pasan a otro recurso”, según explican fuentes de la Consejería de Igualdad.

La Dirección General de Infancia y Familias, encargada del sistema de protección de menores en Andalucía, dice que “no se disponen de datos” de MENA que puedan estar “en situación de calle” porque “son atendidos con carácter inmediato” por dicho sistema tras ser localizados por la Policía o por las entidades que trabajan con niños tutelados por la administración.

Así se lo traslada la Junta a la senadora andaluza de Podemos Maribel Mora que, además de interesarse por esa información, solicitaba la cifra de MENA que abandonaron los centros en los tres últimos años. En ese sentido, la administración cifra el número de bajas totales en Andalucía en 2.888 menores de los 4.180 atendidos (un 69%). En los años anteriores los porcentajes de “bajas” respecto a los “atendidos”, como los denomina la Junta, son algo inferiores: un 53% en 2015 y un 61% en 2016.

“¿Dónde están esos niños?”
Los datos a los que ha tenido acceso este medio trascienden después de la denuncia pública de Andalucía Acoge de “desapariciones” de menores víctimas de trata de los centros de protección de la Junta. Las cifras aportadas ahora por la Junta suponen para la senadora que “la mayoría de los niños se van de los centros pero, ¿dónde están esos niños?”.

La Junta defiende que tiene un programa de mayoría de edad (P+18), destinado para jóvenes nacionales e inmigrantes de entre 16 y 21 años, del que el año pasado se beneficiaron 1.848 jóvenes (985 de ellos, un 53%, de origen inmigrante). En ese sentido, según añaden las fuentes de la Junta, el perfil del menor que está llegando a la costa se encuentra en el rango de edad 16-18 años, con un proyecto migratorio que tiene parada temporal en Andalucía, por lo que optan por salir de los centros “en poco tiempo” ya que no hay restricción en ese sentido. Cualquier “salida voluntaria” se notifica a la Policía y, si se le localiza, se le devuelve al centro.

A la luz de las cifras aportadas por la Junta, para la senadora andaluza “los recursos asistenciales con vivienda a los mayores de 18 años llegan a muy pocos”. Entre los recursos del Programa de Alta Intensidad del P+18 para jóvenes sin alternativa familiar o social había capacidad para 153 personas (según datos comprobados por este periódico) cuando había 985 MENA con los 18 años recién cumplidos. “No es difícil concluir que hay cientos de chavales que no acceden a recurso alguno”, apunta. Los recursos de Media Intensidad del P+18 atendieron en 2017 a 1.523 jóvenes, según la información de la Junta.

Acoge pide acompañamiento psicológico
“La gran pregunta es cuántos menores que han cumplido 18 años no han sido atendidos por ningún recurso. ¿Qué tipo de vida pueden llevar estos niños que, además, están solos sin referentes familiares cuando cumplen los 18 años? Es algo que debería preocuparnos muchísimo como sociedad, porque son miembros de nuestra comunidad en situación de absoluta vulnerabilidad. Y son niños”, lamenta la senadora.

La administración no diferencia la atención prestada en recursos del P+18 a los jóvenes que han estado bajo la tutela o guarda de la Junta, según consta en otra respuesta ofrecida a la senadora, sin que tampoco sepan determinar el coste de la atención de menores de origen extranjero.

Andalucía Acoge, en el documento de incidencia sobre la situación de los MENA, señala al respecto que “la incertidumbre que provoca estar solo con 18 años sin una perspectiva de futuro clara hace imprescindible un acompañamiento psicológico en la mayoría de los casos”. “Actualmente, la asistencia psicológica a los jóvenes extutelados es muy mínima en todas las ciudades, por lo que proponemos igualmente aumentar los recursos en este ámbito”.

Una protección “con fecha de caducidad”
El incierto futuro para los jóvenes de origen inmigrante al alcanzar la mayoría de edad también ha sido abordado de forma especial en el informe anual del Defensor del Menor de Andalucía, donde recogen tres testimonios del paso de estos menores por los centros andaluces y su posterior salida. “Tuve mis momentos buenos como tantos otros malos, cuando cumplí los 18 años pase la peor época de mi vida porque me echaron del centro de menores en el que estaba. Pero bueno esa es una filosofía que tenían y tienen todos los centros de menores de España, que cuando uno cumple
la mayoría de edad se tiene que marchar de cualquier manera”, dice uno.

“Cuando llegue a España me llevaron a un centro de menores en Granada, he estado ahí dos semanas, luego me mandaron a un centro de Jerez de la Frontera, ahí he estado hasta que cumplí los 18 años y salí a una asociación que me cogió sin ningún papel y me arregló los papeles”, narra otro. “Cuando cumplí los 18 años tuve que salir del centro sin documentación y buscarme la vida por la calle para sobrevivir, cogí un autobús y fui para Jerez de la Frontera. Estuve un mes y medio durmiendo en la calle hasta que me cogieron en el hogar y me dieron una cama”, apunta el tercero.

Para el Defensor, cuando un MENA ingresa en un centro de protección se comienza un proceso de actuaciones e intervenciones encaminadas a garantizar sus derechos y protección que, sin embargo, tiene fecha de caducidad: el día que cumplen 18 años. En este momento, la Administración considera que el joven ha alcanzado su emancipación y que se encuentra preparado para iniciar su vida adulta y su proyecto de vida independiente.

“Nada más lejos de la realidad”, denuncia el Defensor, que recuerda que los jóvenes inmigrantes extutelados (JIEX) no cuentan con apoyo familiar, lo que les obliga a madurar y asumir responsabilidades antes de quienes disponen de una vida normalizada. De esta manera, “la independencia se presenta para ellos como un reto que han de asumir en soledad, sin la presencia de un referente positivo de apoyo y orientación”.

“Estos niños llegaron a nuestro país solos, sin redes sociales o familiares de apoyo. Además, en la mayoría de los casos provienen de familias muy empobrecidas, por lo que su vuelta al lugar de origen se presenta harto complicada. Igual de complicado, y por las mismas razones, es inviable que sean sus familiares quienes apoyen económicamente al joven”, resume el informe.

El Defensor, entre otras muchas reflexiones, analiza el citado P+18 de la administración andaluza. “Pero a pesar de las bondades y lo ambicioso de sus fines, que no son otros que ofrecer recursos para lograr la plena integración y normalización de las personas extuteladas, el programa todavía no es suficiente para atender a todos los menores que abandonan el sistema de protección y que precisan de ayuda ante los retos que les aguarda la vida independiente”.

Al hilo de ello, el informe apunta que algún sector del movimiento asociativo ha planteado la escasez de plazas en los recursos que gestiona el P+18, tanto los de alta como media intensidad. “Esta insuficiencia está motivando que muchos jóvenes extutelados utilicen los recursos para personas sin hogar, desde luego lugares nada apropiados para jóvenes de entre 18 y 19 años”, incide.

“En definitiva, acoger, documentar, educar, capacitar profesionalmente y para la inserción laboral y posibilitar condiciones de vida dignas a estos jóvenes, a los más vulnerables, es una asignatura pendiente en nuestra sociedad. Caso contrario nos encontraremos, a medios y largo plazo con jóvenes excluidos difícilmente recuperables. Unos jóvenes marginados por la sociedad que lo acogió cuando eran menores de edad”, resume el Defensor.