Las políticas de austeridad han deteriorado el acceso a la sanidad con un impacto desproporcionado en las personas con rentas más bajas, ha advertido hoy Amnistía Internacional, que considera que España ha violado el derecho a la salud y ha exigido que se reviertan estas medidas.
Estas consideraciones forman parte del informe “La receta equivocada. El impacto de las medidas de austeridad en el derecho a la salud en España”, que ha elaborado Amnistía Internacional durante diez meses y que hoy han presentado en rueda de prensa la portavoz de Relaciones Internacionales en Canarias, Amparo López, y las activistas Begoña Familiar y Sonia Pérez.

En concreto Amparo López subrayó que las medidas de austeridad han deteriorado el acceso y la calidad de la atención sanitaria en España con impacto particular en personas con enfermedades crónicas, discapacidad, mayores y en tratamiento de salud mental.
Tras la crisis iniciada en 2008 ha habido además un aumento de la carga económica de la atención sanitaria, demoras en la listas de espera y una reducción en el tiempo y calidad de la prestación.

Amnistía Internacional señala que las medidas de austeridad deben ser temporales y sólo aplicables en el período de crisis y advierte de que el aumento de la pobreza y vulnerabilidad económica, junto con el riesgo de peores resultados para la salud, requería un mayor apoyo al sistema de salud público.

Begoña Familiar, activista de Amnistía Internacional en Gran Canaria, destacó que la entidad pide a las instituciones derogar los artículos del Real Decreto Ley de 2012 que limitó la atención sanitaria a inmigrantes y estableció el copago, y también reclamó que se restablezca la estructura de la cartera común de servicios.

También solicita Amnistía que se mejoren las condiciones laborales del personal sanitario y que con carácter de urgencia se evalúe el impacto de las medidas de austeridad en los grupos con mayor vulnerabilidad.

La activista de Amnistía en Tenerife, Sonia Pérez, se refirió a la falta de protección “y el coste cruel” que tendrán las medidas de austeridad, con un impacto “devastador” en la población económicamente más vulnerable y marginal.

“¿Cuánto cuesta la salud de una persona?. ¿Cuánto cuesta que un diabético no sea amputado o tenga que someterse a un trasplante?”, se preguntó Pérez, quien recordó que el sistema sanitario público español antes era valorado por su calidad asistencial y ahora se ha revertido a un asunto puramente económico.

Amparo López informó asimismo de que se ha remitido el informe al consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, y a representantes de los cabildos y de los grupos políticos con el objetivo de que se manifiesten públicamente sobre sus contenidos y recomendaciones.

Asimismo la portavoz de Relaciones Internacionales de Amnistía Internacional en Canarias indicó que mañana tiene previsto asistir a una reunión en el Parlamento regional para debatir sobre los objetivos de desarrollo sostenible fijados por las Naciones Unidas, y recordó que entre ellos está el de reducir la pobreza y fomentar el acceso a la salud.