El sistema de acogida de menores de Gipuzkoa vive una llegada sin precedentes de adolescentes extranjeros no acompañados. Nunca antes se habían atendido a tantos ‘menas’, el acrónimo con el que se les conoce, ni siquiera en los años previos a la crisis. 2017 marcó un máximo, con 561 chavales que pasaron por los servicios sociales de la Diputación, la gran mayoría procedentes de Marruecos. Son el doble que en 2016, el triple que hace tres años y siete veces más que en 2011, cuando se marcó el registro más bajo.

El SOS lanzado al Ministerio de Servicios Sociales por el Gobierno Vasco y las tres diputaciones, al unísono junto con otras comunidades autónomas que también están sufriendo una mayor presión de llegadas, denota la preocupación de las administraciones por unos recursos que se han saturado en determinados momentos. Cualquier previsión se ha visto superada. Y eso que ya desde 2012 se empezó a experimentar un aumento de llegadas, aunque nada comparable con el repunte del año pasado. En los dos primeros meses de 2018 el volumen ha seguido siendo importante, con 77 arribados, si bien el invierno suele permitir una cierta calma en la red de acogida, pues no es la época de mejores condiciones meteorológicas en el Estrecho. De hecho, se espera que con el buen tiempo vuelva a elevarse el volumen migratorio. Es cierto que la gran mayoría de ellos están de paso hacia Europa: se quedan uno o dos días, descansan, aprovechan para asearse y prosiguen su periplo. De hecho, de los 347 menores acogidos en centros, los ‘menas’ son solo 70, es decir, el 20% del total.

Aunque muchos no se instalan en el territorio, su paso también apremia la red de recursos. Pero, por encima de todo, lo que ha hecho a las comunidades movilizarse ha sido la concentración de estos menores en determinadas regiones. Euskadi es junto con Andalucía, Madrid y Cataluña una de las cuatro comunidades que más menores extranjeros no acompañados acogen de todo el Estado. Entre esas cuatro zonas dan amparo al 85% de estos chavales extranjeros. Casi todo son varones el 98,2% en el caso de los llegados a Gipuzkoa y rozan la mayoría de edad. Determinar la edad es una cuestión clave: si son menores, la Administración está obligada a prestarles una protección; si son mayores, ese manto desaparece.

Mil veces más
El Estrecho es la vía de entrada a Europa, y Gipuzkoa abre la puerta a Francia. La mayoría se marcha de sus países en busca de una vida mejor. En ese éxodo, que emprenden solos, sin la compañía de un adulto, se lanzan al Estrecho para intentar alcanzar las costas españolas, una opción elegida por 2.177 niños, frente a los 277 que el Gobierno español contabilizó en 2012, cinco años antes. Los servicios sociales andaluces ya sufren la saturación de tan espectacular incremento y han tenido que aprobar planes de emergencia para desahogar los recursos.

El centro UBA de Donostia, que se ha visto saturado en varios momentos, sumará en breve cinco camas más

«Son menores y esa consideración debe priorizarse por encima de ser inmigrantes»

En Gipuzkoa, también se ha tenido que adaptar la red. Los ‘menas’ son atendidos en el centro de acogida inmediata de UBA en Donostia, en el que se recibe a cualquier menor en situación de desprotección que requiera de una respuesta urgente. Este recurso cuenta con 31 plazas y en breve se añadirán cinco más. «En algunos momentos ha superado esa cifra como efecto de las grandes llegadas. Sin embargo, no ha tenido ningún tipo de problema, sino que ha seguido funcionando de forma adecuada gracias al gran esfuerzo de sus profesionales y a que se trata de un centro con un diseño de método y organización que permite trabajar con garantías. En ese sentido, y aplicando siempre el decreto regulador, se han incorporado nuevos profesionales», explica la diputada de Políticas Sociales, Maite Peña, que reconoce la particularidad de Gipuzkoa por su situación geográfica limítrofe con Francia.

¿Cupos?
No hay una única respuesta al aumento de llegadas. Por un lado, están las revueltas en sus países de origen, muchos de ellos con situaciones políticas inestables. Y luego está la esperanza de una vida mejor. Aunque a su vez, el final de la crisis también ha podido propiciar ese aumento de llegadas.

La ONG Save the Children, que trabaja en defensa de la infancia, tiene constancia de los problemas que ha generado esta llegada récord de menores extranjeros. «El número de plazas disponibles se ve sobrepasado. Asimismo, es importante destacar que hay matices entre territorio y tenemos una especial preocupación por la situación de los centros en Bizkaia», que vivió el año pasado lo que el propio Gobierno Vasco consideró una «avalancha», con cerca de 500 llegadas, el triple que el año anterior. Álava, el territorio menos afectado, atiende a cerca de un centenar. La respuesta que hay que dar a esta compleja realidad está siendo objeto de diferentes reuniones entre las comunidades y el Ministerio, que de momento no ha deslizado cómo afrontará la gestión coordinada que se le pide. Euskadi ya ha manifestado que el fenómeno «tiene que ver mucho más con la inmigración que con la protección de menores». No se ha hablado públicamente de establecer cupos para evitar la concentración en determinadas zonas, como sí se reclamó en 2008 por parte de la Diputación guipuzcoana, cuando ya se vivió un aumento de llegadas, nada comparable a los niveles actuales. Entonces, sin embargo, casi todos los chavales se quedaban en el territorio.

Save the Children pide «respuestas integrales». «Las comunidades y el Estado deben trabajar de manera conjunta en la definición de líneas de trabajo integrales y específicas para atender la realidad de los ‘menas’. Pero sobre todo, las Administraciones Públicas deben cumplir con su obligación legal de proteger a estos menores de edad. Es llamativo comparar la cantidad de ‘menas’ en algunas regiones, frente a la cantidad en otras. Por lo tanto, esta problemática debe abordarse con una visión amplia», reclama Iñaki Alonso, técnico de sensibilización y políticas de infancia de la ONG. Pero sí pone el foco en una cuestión que les parece primordial: los procesos migratorios protagonizados por menores suponen «una situación de enorme vulnerabilidad». De ahí que «la obligación de nuestras instituciones es la que han venido cumpliendo hasta la fecha: protegerles. Son menores y eso debe priorizarse por encima de la consideración de inmigrantes».