El Ayuntamiento de Barcelona, que ha ejercido la acusación popular por la agresión a un sintecho, ha aplaudido la reciente condena a los dos acusados, aunque reconoce que “hay que mejorar la prevención y la reparación para que hechos así no se repitan”, como reclama Jaume Asens, teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía.

La alcaldía considera “urgente e imprescindible” que el Código Penal reconozca la vulnerabilidad de estas personas, víctimas propiciatorias de los delitos de odio e intolerancia. De momento, la RAE ha sido más rápida que los legisladores, porque ya admite el uso del vocablo aporofobia u odio a los pobres. Todavía no hay, sin embargo, un agravante específico para castigar con más dureza estas conductas.

Las leyes, eso sí, agravan la responsabilidad penal en caso de agresiones por motivos racistas, antisemitas o por la ideología, religión o creencias de la víctima, su etnia, nación, sexo, orientación o identidad sexual, enfermedad o discapacidad. Pero no la pobreza de quienes muchas veces son víctimas de estas agresiones precisamente porque están obligados a vivir en condiciones indignas.

Según el último recuento oficial, más de mil personas duermen en la calle en Barcelona. Una de cada cinco ha sufrido agresiones físicas; y una de cada tres, insultos o vejaciones. El 83% de los casos se quedan impunes porque las víctimas no se atreven a denunciar, como revela un estudio de la red de atención a personas sin hogar. El informe agrega que los autores del 28% de estos hechos son “jóvenes que están de fiesta”.

El 9 de octubre del 2016, dos hombres, de 33 y 36 años, de nacionalidad española y vecinos de Mataró y l’Hospitalet de Llobregat, quisieron entrar en un cajero automático donde un sintecho se había encerrado para dormir. Los golpes y las patadas en la puerta le despertaron, y abrió de inmediato, pero en cuanto lo hizo le dieron tres puñetazos en la cara. Luego, mientras uno de los agresores sacaba dinero, el otro le amenazó de muerte.

La víctima necesitó atención médica. Los agresores, con antecedentes por delitos en el ámbito del hogar y robos con violencia, entre otros, fueron detenidos días después. Según los propios Mossos d’Esquadra, actuaron como lo hicieron porque creían que no les denunciarían o bien no se le daría credibilidad al denunciante.

El juicio se celebró el pasado jueves, con un abogado del Ayuntamiento como acusador popular, sentado junto a un representante de la Fiscalía contra los Delitos de Odio. El autor material de los golpes aceptó una pena de nueve meses de cárcel por un atentado contra la integridad moral con abuso de superioridad y la circunstancia atenuante de reparación de daños, ya que antes de la vista depositó en el juzgado el dinero que se le pedía en concepto de responsabilidad civil.

Él y su compañero (en su caso, por omisión del deber de impedir delitos) fueron condenados además a sendas multas. También se les ha impuesto una orden de alejamiento con respecto a la víctima. El encarcelamiento se suspenderá si el agresor no vuelve a delinquir en los próximos dos años y si realiza dos cursillos, uno sobre prevención de los delitos violentos y otro sobre derechos humanos y aceptación de la diversidad.

La concejalía de Derechos de Ciudadanía, que dirige Jaume Asens, impulsará que el Ayuntamiento se persone en todas las agresiones contra personas sin hogar. Además de la condena en sí, que puede ser un aviso a navegantes, el Ayuntamiento se felicita de que los autores de este caso “hayan reconocido su culpabilidad, hayan indemnizado a la víctima y hayan aceptado medidas orientadas a su reinserción”.

El protagonista involuntario de esta historia dormía casi siempre en portales o en parques. Aquel día hizo una excepción y buscó refugio en un cajero automático de la calle Viladomat, 225, porque se encontraba mal. A las seis de la mañana le despertaron los golpes en la puerta y se levantó a abrir…