Siete bloques situados en cuatro áreas diferentes de Inglaterra tienen un revestimiento inflamable similar al de la Torre Grenfell, donde la semana pasada las llamas se propagaron rápidamente por sus 24 plantas provocando en el peor incendio sufrido en Reino Unido desde la Segunda Guerra Mundial.

Así lo informó ayer la premier Theresa May en una sesión especial en la Cámara de los Comunes donde se debatió la gran catástrofe que ha costado la vida a 79 personas. En un primer, se creó cierta confusión después de que Downing Street hubiera dicho que había 600 bloques con un “revestimiento similar” al de la torre que resultó calcinada. Sin embargo, el ministerio de Comunidades y Gobierno Local aclaró más tarde que la se refería al número de edificios con “revestimiento de cualquier tipo”.

La crisis derivada del incendio ha servido para focalizar las críticas a los recortes del Gobierno a la financiación de las autoridades locales, aumentando así la presión sobre May, ya inmersa en su propia supervivencia política tras perder la mayoría absoluta en las generales.

La premier, que ayer anunció que los análisis del revestimiento del edificio Grenfell se darán a conocer en las próximas 48 horas, ha ordenado una investigación pública del incendio que se llevará a cabo por separado de la pesquisa criminal de la Policía.

Tras pedir disculpas por la lenta respuesta del Gobierno, la líder tory consideró correcto la decisión de jefe del consejo local, Nicholas Holgate, de dimitir. Diez personas siguen hospitalizadas, cinco de ellas en estado crítico.

Construido en 1974, la torre Grenfell fue reformado en mayo de 2016 en unas obras que costaron 10 millones de euros, pero los vecinos ya advirtieron entonces que sólo había sido un “lavado de cara” y que las instalaciones eran muy viejas y había “muchos problemas eléctricos.

En los 120 pisos de protección oficial de las 24 plantas de la torre vivían entre 400 y 600 personas, la mayoría descendientes de inmigrantes. Los afectados serán reubicados ahora en 68 apartamentos de uno y dos dormitorios en el corazón de High Street Kensington, una de las zonas más pudientes de la capital.

Las propiedades adquiridas por el Ejecutivo británico, que forman parte de lo que se considera “vivienda social de nueva construcción”, se ubican en un área donde los precios de los pisos oscilan entre el 1,5 millón de libras hasta los 8,5 millones de libras (entre 2 y 9,6 millones de euros). Y ahora los residentes de estos apartamentos se quejan porque esta situación provocará un descenso de los precios de la vivienda. “Pagamos mucho dinero para vivir aquí, y trabajamos duro por ello”, explica a The Guardian una vecina que compró su apartamento hace dos años. “Ahora estas personas van a venir y ni siquiera estarán pagando los cargos por el servicio“, añade.

Otro vecino asegura que los apartamentos acabarán siendo subalquilados. “Estoy muy triste de que hayan perdido sus hogares, pero hay mucha gente que ha comprado los pisos y ahora verán caer los precios de sus viviendas“, explica el vecino. “Esto creará una situación de problemas muy desagradables en el mercado de la vivienda”, añade.