El ministro francés de Interior, Gérard Collomb, ha puesto este jueves como ejemplo a España, y en concreto a la solución que se dio a la crisis de los cayucos en Canarias, por la forma de abordar los flujos de inmigración irregular procedentes de África mediante acuerdos con los países implicados, que él pretende también conseguir. Collomb, en una entrevista a la emisora Europe 1, ha insistido en que “el verdadero problema” de la inmigración ilegal que llega a Europa desde África – se ha referido a los más de 68.000 que han llegado a Italia en lo que llevamos de año – pasa por “cortar las rutas de tráfico” en ese continente. Y tras señalar que otros países han abordado la cuestión, ha citado en concreto a España, que afrontaba la llegada de miles de inmigrantes a Canarias y que mediante los acuerdos que estableció con Estados como Mauritania “hizo cesar ese flujo”. Por eso, el responsable francés ha avanzado que tiene intención de ir a África para discutir con sus homólogos de Interior “para que no haya una ruta de traficantes”. Collomb tiene programado un desplazamiento mañana a Calais, donde el anterior Gobierno francés desmanteló en octubre un campamento de inmigrantes conocido como “la jungla” en el que se llegaron a concentrar miles de personas que intentaban cruzar clandestinamente el Canal de la Mancha para llegar al Reino Unido. Tras las denuncias de los últimos días – incluso por parte del Defensor del Pueblo – de que la policía maltrata a los varios cientos de clandestinos que persisten en sus tentativas de llegar a Inglaterra desde Calais, el ministro ha dicho que pretende discutir “con el conjunto de los actores”. Collomb ha recordado que la posición del nuevo presidente francés, Emmanuel Macron, es impedir que se vuelvan a constituir campamentos fijos de inmigrantes irregulares, que una vez asentados crecen en tamaño y generan problemas también con la población local. El titular de Interior ha anunciado, por otra parte, que en el Consejo de Seguridad que hoy mismo preside Macron se va a examinar la cuestión de crear un fichero específico de personas radicalizadas que representan un riesgo terrorista potencial, diferenciado del que tienen los servicios secretos actualmente, y que incluye también a otras personas susceptibles de alterar el orden público. Se trataría – esencialmente – de separar, de las actuales fichas S, las de los radicales. “No nos prohibimos nada”, ha indicado Collomb, que ha insistido en que se están revisando todos los dispositivos “para que se garantice la seguridad máxima”.