que el Premio Princesa de Asturias de la Concordia se haya concedido a la Unión Europea – así en general, sin matices – es una decisión más que cuestionable cuando las propias instituciones comunes de la UE han sido incapaces de dar una solución digna y solidaria a las miles de personas que se hacinan abandonadas en sus fronteras como refugiados abandonados a su suerte. Seguramente, el proyecto original de una nueva Europa tras las catástrofes de las dos guerras del siglo XX que equilibraba solidaridad y justicia social fuera merecedor de esa o de cualquier otra condecoración internacional similar. Pero que este año el Premio a la Concordia se haga público apenas dos días después del día que en el calendario internacional está dedicado a las personas refugiadas e inmigrantes parece una escenificación propagandística fuera de la realidad. Las cifras no logran reflejar la profundidad y magnitud del drama que sufren más de 65.6 millones de personas desplazadas de sus hogares en todo el mundo, pero sí hablan con rotundidad de la escasa urgencia por cumplir con la legislación internacional sobre el derecho de asilo, con la Convención de Ginebra y sus protocolos sobre el Estatuto de Refugiado y con los acuerdos establecidos en las propias instituciones de la UE. De hecho, a día de hoy, tras más de dos años para cumplir los compromisos acordados en la propia UE para la acogida, protección y apoyo de las personas refugiadas, la realidad de lo recorrido refleja vergonzosamente unas cifras indignas de una comunidad, la europea, que se pretende a sí misma pionera en la aplicación del derecho humanitario y los principios éticos tras siglos de padecer las consecuencias de su ignorancia. Sí lo son, en cambio, los Estados miembros y sus gobiernos, incapaces de desarrollar los mecanismos y medidas que la mayoría de los ciudadanos, la Comisión Europea y, sobre todo, la urgencia de la situación demandan. Plegarse a esas corrientes extremistas de derecha, nazis y neofascistas no puede llevar sino a repetir los errores que entonces, en el siglo XX, convirtieron a la propia Europa en origen de la mayor crisis de refugiados que, hasta este momento, había padecido la humanidad. La UE, sus instituciones, el Europarlamento y la Comisión, no pueden ni deben perder otro año. Se trata de la inopia de los países occidentales para afrontar, siquiera para paliar, una crisis humanitaria y humanista de dimensiones y consecuencias indescifrables en un futuro cada vez más cercano que lejano.