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Una denuncia judicial podría paralizar los nuevos criterios para la RGI

Una denuncia judicial presentada por 12 colectivos sociales de Bizkaia podría paralizar la puesta en marcha de los nuevos criterios de Lanbide sobre la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

Diario de noticias de Alava, EFE, 23-05-2017

GASTEIZ. Los denunciantes, entre quienes figuran asociaciones como SOS Racismo Bizkaia, Trabajadoras del Hogar de este territorio y organizaciones feministas han informado hoy de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Gasteiz ha admitido a trámite su demanda contra esos nuevos criterios de la RGI que fueron publicados el pasado 6 de abril en la página web de Lanbide.

Además, en su denuncia solicitan la adopción de medidas cautelares de forma que se podría paralizar la aplicación de los nuevos criterios hasta que no haya una sentencia firme al respecto, sobre todo en lo relacionado a cuestiones como el padrón, los contratos de alquiler y la residencia efectiva.

La reforma, según explicó el Gobierno Vasco, busca mejorar la gestión interna en Lanbide y la coordinación con la Tesorería de la Seguridad Social, fomentar la inclusión laboral, crear un grupo específico antifraude en colaboración con las policías locales e implantar la huella digital.

Una vez admitida la denuncia de estas asociaciones, el juzgado da un plazo de 20 días a Lanbide para responder a este recurso.

En su demanda, recurren 28 de los 75 criterios publicados por Lanbide al considerar que 17 de ellos son contrarios a la ley y que el resto necesitan ser regulados mediante un decreto que se publique en el Boletín Oficial del País Vasco y no mediante una circular interna.

Estos colectivos han recordado que desde hace años reclaman que los criterios para acceder a las ayudas sociales sean fácilmente accesibles para los beneficiarios.

“Sin embargo, Lanbide aprovecha la reciente publicación de sus criterios en su página web para introducir recortes en el acceso a las prestaciones sociales”, denuncian estas asociaciones en un comunicado, en el que señalan que en esta ocasión Lanbide vuelve a “incumplir la legalidad”.

Por ello critican que el Gobierno vasco quiera iniciar un debate sobre la reforma de la RGI mientras “empieza ya aplicar una serie de recortes a la actual legislación sin ningún amparo legal”, lo cual “dice mucho sobre las verdaderas intenciones del Gobierno Vasco y de los partidos que lo sustentan (PNV, PSE y PP)”, concluyen.

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