Pamplona – El Ayuntamiento de Pamplona aprobó ayer por unanimidad una declaración de apoyo al vecino del barrio de la Chantrea Cheikhouna Dieng, sobre el que pesa una orden de expulsión en virtud de lo dispuesto por la Ley de Extranjería. En una iniciativa presentada por EH Bildu y Geroa Bai en la comisión de Presidencia, se acordó “dar todo el apoyo a Cheikhouna Dieng como vecino de Pamplona para que pueda vivir con tranquilidad y libertad en nuestra ciudad”.

En un segundo punto, la declaración insta “a las instituciones competentes a resolver de forma satisfactoria en caso de Cheikhouna y seguir trabajando para que Pamplona sea una ciudad de apoyo y acogida a los migrantes”.

Cheikhouna, senegalés de 36 años, acudió ayer al Salón de Plenos. Estuvo acompañado por un vecino de la Chantrea, Felipe Castell, en representación de la plataforma vecinal creada para evitar su expulsión, que leyó un manifiesto de apoyo a este inmigrante que lleva residiendo en Pamplona desde 2006 y que puede ser deportado, sin haber cometido un delito, por no tener los papeles en regla.

Recordó que antes de recalar en la Chantrea, Cheikhouna tuvo que hacer frente a una travesía marítima de diez días en un cayuco que a punto estuvo de terminar en tragedia tras quedarse sin combustible. Un barco pesquero dio el aviso que permitió el rescate de los ocupantes de la navegación, para quienes empezó otro tipo de travesía.

Cheikhouna estuvo en los centros de internamiento de Tenerife y Madrid antes de llegar a Pamplona, donde se dedicó a la venta ambulante y pudo estabilizarse. Contra él se decretó en 2015 una orden de expulsión tras ser identificado por la Policía en un control rutinario y carecer de documentación. Recientemente se dictó una resolución judicial ordenando su expulsión del Estado español.

recurso en trámite El representante de la plataforma destacó los esfuerzos que se están haciendo para evitar la deportación, con varias concentraciones de apoyo. En este sentido señaló que esta semana se tramitará el recurso contra la orden de expulsión dictada por la Audiencia Provincial, con la confianza de que mientras se resuelve pudiera aparecer un contrato de trabajo para Cheikhouna que la evite.

Durante el debate que se generó en la comisión de Presidencia, Patricia Perales (EH Bildu) destacó las iniciativas populares que se han puesto en marcha en defensa del vecino de la Chantrea y señaló a la Ley de Extranjería como la herramienta del Estado que permite este tipo de vulneraciones de los derechos fundamentales.

Por parte de Geroa Bai intervino Esther Cremaes, que incidió en la vertiente sociolaboral que encierra la citada ley, que persigue a los inmigrantes pobres y sin trabajo y en cambio ayuda a los más pudientes. En este sentido citó el caso reciente de un torero de origen peruano que ha obtenido la ciudadanía española en un tiempo récord, frente a las órdenes de expulsión que se siguen ejecutando con otros menos favorecidos.

Laura Berro (Aranzadi) habló de los centros de internamiento para inmigrantes, que calificó como cárceles para gente pobre, y de la contradicción que encierra esta normativa. “No tiene papeles porque no tiene trabajo y no tiene trabajo porque no tiene papeles”.

Edurne Eguino (I – E) recordó a los que defienden las vallas y los vetos para los inmigrantes que el origen está en la pobreza y en las desigualdades, sobre todo en los países africanos, en las relaciones comerciales.

Los únicos matices a la declaración vinieron de UPN y PSN, aunque no impidieron que acabaran sumándose al apoyo minoritario. A la regionalista Ana Elizalde no le gustaron las críticas generalizadas hacia la Ley de Extranjería, mientras que el socialista Eduardo Vall reclamó que se lleven a comisión asuntos generales, no tan concretos.

iniciativa de presupuestos En la misma comisión se aprobó una declaración de Aranzadi e I – E, con el apoyo del resto de formaciones progresistas, pidiendo la eliminación de la disposición adicional 27 del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para este año 2017, que hace referencia a la limitación de incorporación de personal laboral al sector público. Solo UPN votó en contra de esta declaración.