Condenado por fingir ser padre de dos compatriotas para regularizarlos

El ghanés colaboraba con un grupo organizado de delincuentes que cobraba a inmigrantes de países africanos entre 2.000 y 5.000 euros para regularizar su situación en Europa

Las Provincias, EFE, 23-05-2017

Un ciudadano ghanés ha sido condenado a 21 meses de cárcel y a pagar dos multas que suman 1.080 euros por fingir que era el padre de dos compatriotas a fin de que éstos obtuvieran la residencia legal en España, según se recoge en una sentencia de la Audiencia de Alicante hecha pública hoy.

El procesado, según admitió él mismo en el juicio, colaboraba con un grupo organizado de delincuentes que cobraba a inmigrantes de países africanos entre 2.000 y 5.000 euros para regularizar su situación en Europa.

En concreto, esta banda estaba liderada por un individuo conocido como Joe, según se recoge en el fallo, que tenía a su vez una red de colaboradores e intermediarios para cometer el fraude.

Los delincuentes ponían en contacto a inmigrantes subsaharianos con otros compatriotas que se hacían pasar por familiares suyos con nacionalidad de un país de la Unión Europea.

Para ello, los inmigrantes debían denunciar en la Embajada de Ghana en España que habían perdido o les habían robado el pasaporte, presentaban una partida de nacimiento falsa procedente de su país y obtenían un nuevo documento con otra identidad.

En este caso, el acusado llegó a España procedente del Reino Unido el 21 de mayo de 2012 y se empadronó en la vivienda de un compatriota en Alicante.

Con posterioridad acudió con sus dos supuestos hijos, también ghaneses y empadronados en el mismo domicilio que él, a la Oficina de Extranjería de Alicante para obtener los permisos de residencia.

No obstante, todos ellos fueron detenidos junto a otros presuntos miembros del grupo en esas mismas dependencias por agentes del Cuerpo Nacional de Policía.

La Audiencia de Alicante ha impuesto al falso padre una multa de 540 euros por un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal, así como 21 meses de cárcel y otros 540 euros de multa por un delito continuado de falsificación de documento oficial.

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