Aunque España tiene un “discurso positivo” sobre la acogida de refugiados, en la práctica ha permitido que sufran sistemáticamente la violación de sus derechos humanos, sobre todo en las fronteras de Ceuta y Melilla, un “limbo” donde las vulneraciones han sido especialmente graves. Así lo expone Amnistía Internacional en su repaso anual al estado de los derechos humanos en el mundo.

En materia de acogida, el director de la organización, Esteban Beltrán, lamenta que solo cobijara hasta enero pasado a un 6% de los 18.000 prometidos y mantuviera las expulsiones ilegales, 60 en un solo día de septiembre. Disminuyeron las llegadas irregulares por Ceuta y Melilla, pero aumentaron las entradas regulares; sin embargo, el sistema de recepción fue “inadecuado”, con escasas plazas en los centros de acogida y poca asistencia a los alojados fuera de ellos. Seguía sin implementarse la Ley de Asilo, lo cual “condena a la indigencia” a los demandantes 12.525 entre enero y octubre, frente a los 4.513 que lo hicieron en 2013 y hace que la atención que reciben no sea igual en todo el territorio. En esta línea, organizaciones de inmigrantes denunciaron ayer que el sistema judicial no permite la acogida digna e igualitaria de refugiados, y que el pacto social de acogida de refugiados no puede ignorar las reivindicaciones de los colectivos de inmigrantes.

Tras la manifestación a favor de la acogida de refugiados, asociaciones de refugiados e inmigrantes han firmado un manifiesto para pedir una acogida “digna y con plenos derechos”. Desde 2008 existe un “pacto por la acogida” que, según el colectivo, "no ha sido capaz de garantizar los más mínimos derechos humanos para las personas inmigrantes y refugiadas que ya viven en Espa