La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha respondido al PP que Lanbide «no dispone de listados» de presuntos terroristas y que la interrupción o retirada de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a estos delincuentes se activa tras la apertura de un proceso judicial contra ellos.

Artolazabal se ha pronunciado de este modo en una respuesta parlamentaria al portavoz del PP, Borja Sémper, quien pregunta si alguna de las personas detenidas en 2016 por presunta pertenencia a banda armada ha cobrado la RGI. «El Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, no dispone de ningún listado de personas detenidas por pertenecer a banda armada y, por tanto, no puede facilitar el dato requerido», contesta la consejera en la iniciativa.

En este sentido, recuerda que la pertenencia o no a un grupo terrorista no es un dato que conste en los expedientes de esta prestación gestionada por el Servicio Vasco de Empleo. Artolazabal ha explicado que Lanbide sólo es informado de esta situación cuando un juez determina el ingreso en prisión de manera preventiva o definitiva a un perceptor.

En esos supuestos, «inmediatamente» se procede a la suspensión cautelar de la ayuda, hasta decidir si se le retira o no definitivamente el derecho a cobrar la RGI. La consejera hace hincapié en que esta prestación es un derecho subjetivo y que, por tanto, la cobran todos los demandantes que «cumplan todos los requisitos específicamente regulados para el acceso a la misma».

«Situación intolerable» para Maroto

El pasado lunes, el vicesecretario de Política Social del PP, Javier Maroto, consideró «intolerable» que varios presuntos yihadistas detenidos en los últimos días en Euskadi cobren ayudas sociales del Gobierno vasco. En su cuenta en una red social, Maroto señaló: «Intolerable que el Gobierno vasco siga pagando a yihadistas con dinero público todos los meses y no tenga consecuencias», en referencia implícita la RGI y la Prestación Complementaria de Vivienda.

Con esta crítica se refería al hombre arrestado la pasada semana en la capital alavesa y que ingresó en prisión provisional sin fianza por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. En su auto, el magistrado expone que este marroquí de 41 años, retornado a España desde Siria donde combatió para Al Nusra y que captaba y adoctrinaba a jóvenes, vivía “de las ayudas públicas”.

También la pasada semana la Guardia Civil detuvo a otro presunto yidahista en Bilbao, un argelino de 44 años, acusado de integración en organización terrorista, enaltecimiento y adoctrinamiento del yihadismo a través de las redes sociales, especialmente Facebook. Tras su arresto, Maroto comentó en su perfil de Twitter: «Otro yihadista cobrando desde hace años 900 euros al mes en ayudas del Gobierno vasco. Sigo proponiendo cambios».