El alcalde de Vitoria, Javier Maroto
(PP), encajó ayer una doble
reprobación en el pleno municipal
celebrado entre enorme expectación
después de que esta semana
acusara a marroquíes y argelinos
de no querer trabajar y de
vivir de las ayudas sociales. Por
un lado, toda la oposición le dio
la espalda en el salón de sesiones
para leer una declaración «contra
el racismo y la xenofobia». Por el
otro, un grupo de magrebíes acudieron
al Ayuntamiento con carteles
en los que se leía en euskara
«Maroto cállate» para anunciar
que, de la mano de SOS Racismo,
han pedido a la Fiscalía de Álava
que abra diligencias contra el dirigente
del PP.
La polémica se inició el martes
en la emisora local de la Ser. Que
la lucha contra el fraude y el control
de la inmigración son una
prioridad para Maroto era de dominio
público. De hecho, fue el
eje en la campaña electoral que
en 2011 permitió al PP recuperar
la capital vasca. Pero el primer
edil fue un paso más allá aquel
día al asociar a los extranjeros y,
en concreto, a los magrebíes con
un fraude mayoritario en las
prestaciones. Tal ha sido el revuelo
que ha saltado a la política
nacional. El alcalde ha tenido que
dar explicaciones en varias televisiones.
En el pleno de ayer, todos los
partidos de la oposición (PNV,
PSE-EE y EH Bildu) aprobaron
una moción promovida por SOS
Racismo y por Ongi Etorri (‘bienvenidos’) antes de las palabras de
Maroto. En todo caso, aprovecharon
la ocasión para darle un
barniz de actualidad. Los ediles
de estos partidos se pusieron
en pie y, de espaldas al alcalde
y mirando de frente a
los magrebíes que asistieron
al pleno, manifestaron «en representación
de una parte importante
de la sociedad vitoriana
» el «más absoluta rechazo
» al discurso «xenófobo» del
primer edil vitoriano. Maroto
ya había tenido durante la legislatura
otros encontronazos
con la oposición a raíz de sus
reticencias a las mezquitas o
por su plan de «defensa del
comercio local» que supuso
poner en la diana a restaurantes
kebab y bazares chinos. La
oposición demandó también,
al hilo de la petición de SOS Racismo
a la Fiscalía, que la Justicia
«actúe con firmeza contra quienes
vulneran los principios de
convivencia democrática».
Antes de leer el texto conjunto,
el socialista Peio López
de Munain y la abertzale Ane
Aristi habían comparado a
Maroto con la líder del Frente
Nacional francés, Marine Le
Pen. Y la peneuvista Nerea
Melgosa dejó caer que las palabras
del alcalde responden a
un timing del PP de cara a hacer
calar «el binomio fraudeinmigración
» de cara a la campaña
electoral de 2015, en la
que Maroto optará a la reelección.
De momento, el partido,
por boca de Iñaki Oyarzábal,
ya ha asegurado que el control
de las prestaciones sociales
será una prioridad.
La resolución aprobada exige
«no utilizar de modo partidista
» la inmigración en el debate
político y electoral y asumir un
«compromiso ético» con la integración
y la multiculturalidad. Éste
fue el asidero empleado por el
PP para descalificarla, ya que
aseguró que la inmigración «es
un tema de interés ciudadano»
como para silenciarlo.
«Lo que proponen los grupos
es que no se puede hablar de todo
en Vitoria. Sólo se va a poder hablar
de lo que ellos dicen que se
puede hablar. ¿Por qué hay espacios
oscuros?», se quejó la popular
Ainhoa Domaica, a la sazón
edil de Asuntos Sociales. El alcalde
no tomó la palabra aunque siguió
con atención el debate y delegó
en todo momento en su colaboradora.
Domaica no retiró las acusaciones
objeto de polémica, como le
pidió la oposición. Sacó incluso de
debajo de su escaño un voluminoso
anuario del Observatorio Vasco
de la Inmigración (Ikuspegi) para
tratar de probar con datos que los extranjeros están «sobrerrepresentados
» en las ayudas sociales.
El 65% de los vascos cree que los
inmigrantes se benefician en exceso
del sistema y el 60,2% opina
que la renta de garantía de ingresos
–una prestación para toda la
vida para quienes llevan más de
tres años en el País Vasco y no tienen
recursos– hace que los inmigrantes
no busquen trabajo, destacó.
«Y esto no lo dice el alcalde
Maroto, lo dicen los ciudadanos»,
enfatizó Domaica.
La concejal, sin embargo, no
volvió a recurrir a la tabla filtrada
por el equipo de Maroto a El Correo,
el diario más leído en la ciudad,
con la que justificó sus referencias
a los magrebíes. En ella
se mostraba que el 70% de ellos
habían sido atendidos por los servicios
sociales municipales. El
dato es cierto, pero matizable.
Básicamente porque son más los
españoles atendidos en esa ventanilla
que los extranjeros y porque
no tiene en cuenta que la
principal ayuda social es la renta
de garantía de ingresos, pagada
por Lanbide. Un 25% de los
oriundos de Marruecos y Argelia
que residen en Vitoria –y no el
70%– son beneficiarios. Además,
la estadística oficial sitúa el fraude
en Lanbide en torno al 1% entre
65.000 beneficiarios y 400 millones
de gasto social.
Domaica, en todo caso, tuvo
ocasión de poner en evidencia al
PNV, muy duro contra Maroto pero
que hace un par de meses avaló
al alcalde de Sestao. El nacionalista
Josu Bergara ha sido denunciado
por SOS Racismo por
negar el empadronamiento a extranjeros
y por una grabación en
la que se refiere a la «mierda»
que llega al municipio y a que está
dispuesto a expulsarla «a hostias
». Precisamente esta semana
un juzgado de Barakaldo ha dado
curso a la denuncia e iniciado
una investigación.
Finalizado el tenso cruce de
acusaciones, la oposición emplazó
abiertamente a Maroto a que tomara
la palabra y rectificara. «Se
acaba de debatir una moción sobre
este tema», argumentó. Pese a
la insistencia del socialista Patxi
Lazcoz, el dirigente del PP dio por
zanjado el pleno, el debate sobre
los extranjeros y su dura semana
con un «se levanta la sesión».

Ayudas sociales
en Vitoria
>En Vitoria 7.977 personas
cobran la principal ayuda social,
la renta de garantía de ingresos,
según los datos facilitados
por Lanbide el pasado
mes de junio.
>En la capital vasca viven
23.000 extranjeros, menos
del 10% de la población. En
2014 habría alrededor de
3.800 marroquíes empadronados,
por 2.050 argelinos.
Las cifras fluctúan con regularidad.
>De los alrededor de 5.800
magrebíes residentes en la
ciudad, 1.510 perciben la renta
de garantía de ingresos.
>Son el 18,9% de los perceptores
de esta prestación. El
47% de ellos son españoles,
muchos de ellos jubilados con
pensiones bajas. El 14,6% proceden
de América del Sur.