Los inquilinos de los centros de internamiento de extranjeros (CIE) no llegan allí por haber cometido ningún delito, son simpapeles que han entrado de forma irregular en España, pero reciben el trato que se otorga a los delincuentes: duermen en celdas y no pueden irse por decisión propia. Algunos de ellos y algunas entidades sociales sostienen que, además, son maltratados. Que incluso los llevan esposados en los traslados. La enorme opacidad de estas instituciones hace que confirmar estas denuncias de forma independiente sea muy difícil.
El viernes pasado, Idrissa Diallo, de 21 años, de Guinea Conakry, murió de un infarto en el CIE de la Zona Franca. Según algunas versiones, no fue atendido a tiempo. La muerte, dice la autopsia, fue por causas naturales. Las peticiones de que el centro sea clausurado arreciaron.
Hay nueve CIE en España, que suman más de 2.500 plazas, y son gestionados por la Comisaría General de Extranjería. Nacieron en 1999 mediante una orden ministerial, con Francisco Álvarez Cascos como titular de Interior. Antes había centros similares, aunque el conflicto era mucho menor.
El problema, según las entidades sociales, es que apenas se sabe lo que sucede dentro de los CIE, solo que abundan las denuncias de maltrato. Hace dos meses, algunas entidades visitaron el centro de la Zona Franca. “Lo logramos por primera vez en la historia”, dice Jose Peñín , portavoz de SOS Racisme. “No nos dijeron cuánta gente había, pero estaba a tope. Mientras no cierren, los CIE deben mejorar su situación. Su mera existencia vulnera la legalidad”, afirma.