Europa se atasca con la inmigración

ABC, , 08-05-2008

LOS veintisiete Estados miembros de la Unión Europea no pudieron cerrar ayer un acuerdo para implantar definitivamente una política común contra la inmigración ilegal y acordaron darse más tiempo para la votación definitiva. Después de varios años de negociación, que ha desembocado en una propuesta más contundente, aunque no lo suficiente para algunos países, que la inicial de 2005, la UE ha vuelto a atascarse con un texto que busca la convergencia de las políticas nacionales sobre aspectos tan complejos como el internamiento y el retorno de extranjeros sin papeles. El proyecto de la «directiva de retorno» contaba de antemano con la oposición de algunos grupos del Parlamento Europeo y de numerosas organizaciones no gubernamentales, que denuncian el giro de Europa hacia la «mano dura» con la inmigración ilegal. Y, en efecto, se trata de un texto que prevé medidas severas contra unos residentes extranjeros sin papeles que, si se aprueba y se incorpora a las legislaciones nacionales, podrían permanecer internados hasta dieciocho meses y con la prohibición por cinco años de regresar a Europa después de su expulsión. Estas y otras previsiones demuestran que, aun a falta de un acuerdo definitivo entre los gobiernos europeos, todos coinciden en debatir políticas firmes y disuasorias para hacer frente a la inmigración ilegal. Ciertamente, algunas medidas de la propuesta de directiva son duras y su adaptación a las legislaciones nacionales plantearía problemas jurídicos, como en España, donde la doctrina judicial y constitucional, además de la política del Gobierno socialista en la anterior legislatura, ha equiparado en muchos aspectos los derechos de los inmigrantes ilegales con los de los legales. Desde la cumbre de Tampere, en 1999, la UE estaba buscando esta política común, y si ahora empieza a tomar cuerpo en planteamientos tan restrictivos como los de la propuesta de «directiva de retorno» se debe a la tardanza en afrontar el problema con realismo. Cuanta más dilación, más graves serán las decisiones que deban tomar los Gobiernos estatales y las instituciones europeas. Por tanto, aun aceptando que no cabe congratularse de medidas que tendrían, si fueran aprobadas, un duro coste en la vida de personas, hay que reconocer que había que llegar a este proceso de convergencia normativa.
En todo caso, el debate migratorio entre los 27 tiene un efecto inmediato en la política española, porque el Gobierno de Zapatero mantiene su apoyo al proyecto de «directiva de retorno», lo que demuestra su doble rasero con la inmigración ilegal. El presidente del Gobierno se ha caracterizado por tener un discurso en España distinto del que empleaba en Europa, donde le han pasado al cobro la factura de la regularización masiva de 2005. Mientras de puertas adentro Zapatero y el PSOE acusaban al PP de azuzar la xenofobia por proponer un «contrato de integración» o una ley que prohíba las regularizaciones en masa, el jefe del Ejecutivo se comprometía por lo bajo con sus colegas europeos, como Sarkozy, a no dar más papeles a todos y a impulsar repatriaciones colectivas. En buena medida la voluntad de los Estados miembros de poner nuevos límites a la inmigración ilegal viene estimulada por la irresponsabilidad de la política migratoria del PSOE. Aún en campaña electoral, Zapatero se atrevía a reprochar a Rajoy unas promesas electorales, como el contrato de integración, que, comparadas con las que ha avalado el Gobierno socialista en Bruselas, no pasan de pueriles. No en vano, y ante la evidencia de que el progresismo de salón que exhibía Zapatero con la inmigración no da soluciones, el nuevo titular de Trabajo, Celestino Corbacho, utiliza ahora un discurso aparentemente más severo. Aunque, una vez más, la falta de seriedad quedó patente cuando el ministro admitió ayer mismo que desconocía qué iba a votar su Gobierno en Europa. Así no es posible tener una política seria sobre inmigración, ni un Gobierno fiable en un asunto que está obligando a los 27 Estados de la UE a ponerse de acuerdo y que exigirán a España la lealtad que no tuvo en la anterior legislatura.

Texto en la fuente original
(Puede haber caducado)