Corbacho garantiza a Blasco un trato especial para la inmigración valenciana

ABC, ESTEBAN VILLAREJO, 08-05-2008

VALENCIA. Un encuentro «claro y sincero» tras el que el Gobierno central y la Generalitat Valenciana sentaron las bases para abordar, de un modo bilateral, las necesidades específicas de la Comunidad Valenciana en materia de inmigración.
Así valoró ayer el conseller de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, su encuentro con el ministro Celestino Corbacho a quien presentó con un argumentario jurídico bajo el brazo el proyecto de ley de Integración del Extranjero que la Generalitat Valenciana aprobará en el mes de junio.
Finalmente no hubo filípica para el «compromiso de integración» por parte del ministro como desde distintos ámbitos se había instado, sino receptividad y comprensión (siempre que no invada competencias) hacia una región con un 16 por ciento de población extranjera y que ha visto triplicar este colectivo en los últimos cinco años.
Ambas administraciones abordarán en las próximas semanas en mesas de trabajo específicas el modo de poner en marcha las medidas que la ley valenciana pretende establecer en su ámbito competencial. «La reunión ha cumplido las expectativas del Gobierno valenciano», destacó Blasco, quien valoró «la claridad con la que se ha expresado el ministro, que se ha mostrado de acuerdo a abrir una vía de diálogo con la Generalitat Valenciana para impulsar políticas en común».
En este sentido también se manifestó la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, quien compareció por parte del Ministerio tras una hora de reunión. «Existe una voluntad de trabajar conjuntamente y de forma adecuada. Queremos encontrar puntos de encuentro».
Además del «compromiso de integración» punto estrella de la reunión, el conseller de Inmigración trasladó al ministro la voluntad del Consell de asumir nuevas competencias en materia de inmigración como son el arraigo, el reagrupamiento familiar y la concesión de autorizaciones de trabajo y la gestión de la contratación de la mano de obra en origen como ya han solicitado Andalucía y Cataluña. A este respecto, fuentes ministeriales informaron que la intención del Gobierno es trasladar progresivamente algunas de estas competencias a todas las autonomías. El conseller de Inmigración se refirió también al coste social para las administraciones autonómicas y locales que se deriva de los procedimientos de reagrupación familiar o arraigo por la doble burocracia existente.
Sobre financiación, Blasco subrayó la necesidad «de una redistribución de los fondos estatales dedicados a la integración de acuerdo con la actual población extranjera residente en las distintas comunidades autónomas». Se trata éste de uno de los grandes caballos de batalla de la Generalitat quien espera el reconocimiento del Gobierno a la nueva realidad poblacional valenciana: cinco millones de habitantes, de los cuales un millón son extranjeros (el padrón del INE sólo recoge 732.000).
La financiación, a Solbes
En este punto, el ministro Corbacho remitió el asunto de la financiación (y el cambio del modelo) al Ministerio de Economía y Hacienda.
Pese a que no hubo una declaración conjunta como desde el gabinete de la Conselleria se quiso negociar el día de antes, la sintonía entre Blasco y Corbacho se hizo patente también en la cuestión del municipalismo como motor de integración y acogida de los inmigrantes, un punto sensible para el Consell y un ministro con experiencia municipalista.

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