M. F.
madrid- La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, aseguró ayer que el Gobierno sólo recurrirá el contrato de Integración de la Comunidad Valenciana si, una vez que conozca el texto, comprueba que existe una «invasión competencial» o un «recorte de libertades».
Rumí, en declaraciones a los periodistas tras la reunión mantenida entre el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, y el responsable del área de la Comunidad Valenciana, Rafael Blasco, destacó la «confianza» que le ha inspirado el encuentro, desarrollado en «un clima cordial y correcto».
Por ello, la secretaria de Estado de Inmigración insistió en que el Gobierno no se pronunciará hasta que no conozca el texto, del que Blasco le ha garantizado que se trata de un «compromiso voluntario sin ninguna consecuencia sancionadora» y que tampoco invade las competencias estatales en la materia.
Por su parte, Blasco reiteró que la «diferencia» de la iniciativa con respecto al contrato de integración que planteó el PP en su programa electoral es que es un «compromiso voluntario», llevado a las «particularidades» valencianas y sin consecuencias jurídicas.
Durante la reunión también se abordó la trasferencia de competencias como el arraigo, la reagrupación familiar o la concesión de autorizaciones de trabajo, así como la necesidad de una redistribución de los fondos estatales para la integración de una población que ha crecido un 77% desde el año 2003, ha apuntado.
El responsable de Inmigración mostró su intención de «profundizar» en estas cuestiones en posteriores encuentros y agradeció a Corbacho su «receptividad y la oportunidad brindada para seguir trabajando en asuntos comunes».