España avala la directiva que recorta los derechos de los inmigrantes ilegales

El texto europeo no fue aprobado ayer por la oposición de Francia, Italia y Alemania La votación sobre la polémica normativa se ha pospuesto hasta que se logre el apoyo de los tres estados.

La Razón, , 08-05-2008

S. Marchi / M. Fernández
BRUSELAS/madrid- Francia, Italia y Alemania impidieron que ayer se votara en el Comité de Representantes Permanentes (Coperer) de la UE la nueva directiva para el retorno de los inmigrantes ilegales. Los tres estados se negaron a apoyar el texto tal y como fue presentado hace dos semanas por la Presidencia eslovena y representantes europeos, por lo que la votación fue pospuesta al estar claro que no iba a lograrse la mayoría cualificada.
Ahora, la Presidencia de la UE se ha dado un periodo de reflexión para proponer un texto reformado que pueda satisfacer a estos países, por lo que, probablemente, la votación tampoco se podrá llevar a cabo la semana próxima, según fuentes españolas en el Consejo Europeo.
España, que se había mostrado dubitativa respecto a la directiva en días anteriores, ayer dio el visto bueno al preacuerdo.
La negativa de Francia, Italia y Alemania se centró en tres puntos de la directiva. En primer lugar, no están de acuerdo con el plazo estipulado para el retorno voluntario, que va de siete a treinta días. Además, consideran que los gastos por este retorno no debe soportarlos exclusivamente el país que expulsa, por lo que exigen solidaridad financiera. Por último, creen que todo el proceso es demasiado burocrático, lo que conllevaría retrasos importantes en el procedimiento de expulsión.
La normativa, que teóricamente iba a ser aprobada ayer, es el resultado del preacuerdo alcanzado por la Presidencia eslovena y representantes de la Eurocámara, después de tres años de trabajo, para unificar el criterio de los 27 Estados en materia de inmigración ilegal.
Uno de los puntos más polémicos de la directiva es el tiempo que un inmigrante ilegal puede ser retenido en los centros de internamiento. El plazo máximo es de seis meses, aunque se puede ampliar hasta 18 en casos excepcionales. El alemán Manfred Webber (PPE), ponente del informe sobre el que la Eurocámara debe pronunciarse definitivamente en el Pleno del mes de junio, insistió en que ese período es máximo y establece un mínimo en los países donde hasta ahora el plazo es indefinido, mientras que los países con menores períodos de internamiento seguirán aplicándolos.
Webber también considera un «gran progreso» el que se garantice a nivel de toda la UE que, en el caso de los menores, haya una instancia diferente a las autoridades de extranjería que se ocupe de su situación. Sin embargo, los críticos con el proyecto aseguran que lo que se pretende es que los menores no acompañados puedan ser recluidos en los centros y expulsados del país como si fueran adultos.
Además, la directiva estipula que los extranjeros expulsados del territorio de la UE no podrán regresar durante cinco años, lo que los Verdes han considerado «una medida draconiana».

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