Estaba previsto que los Gobiernos de la UE dieran el visto bueno hoy a la nueva legislación europea sobre el retorno de inmigrantes indocumentados. Sin embargo, la falta de acuerdo entre los países ha llevado al Comité de Representantes Permanentes (Coreper), órgano que prepara las decisiones de los ministros europeos, a posponer la decisión hasta la semana próxima.

La futura directiva europea sobre repatriación de inmigrantes irregulares permitiría prolongar el periodo de reclusión hasta un máximo de 18 meses. En la actualidad, en España los inmigrantes “sin papeles” que llegan a territorio europeo pueden ser recluidos contra su voluntad durante 40 días en un centro de internamiento.

El preacuerdo fue anunciado en Estrasburgo (Francia) el 23 de abril por el ponente del informe parlamentario en la materia, el democristiano alemán Manfred Weber, y por el ministro esloveno del Interior, Dragutin Mate, cuyo país ejerce la presidencia de turno semestral del Consejo comunitario.
España no se opone

Según fuentes del Consejo de la UE, sólo Malta y la República Checa han manifestado su oposición a los términos del preacuerdo.

Italia, por su parte, no se ha manifestado con claridad debido al proceso interno de cambio de gobierno por el que atraviesa.

Frente a las críticas de las organizaciones que temen un endurecimiento de las condiciones de los “sin papeles”, las mismas fuentes comunitarias han indicado que la directiva propuesta es “garantista”, porque establece derechos mínimos estandarizados en toda la UE.

En la actualidad hay 9 países Reino Unido, Suecia, Grecia, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Irlanda, Malta y Holanda que no fijan ningún período máximo de retención de los indocumentados.

Para que la legislación entre en vigor se requiere su aceptación por el Consejo de Ministros y por el pleno del Parlamento Europeo, previsto para el próximo junio.

Organizaciones de apoyo a los refugiados e inmigrantes en Europa han convocado para hoy en Bruselas una concentración contra el proyecto de directiva.

Otros aspectos polémicos de esta legislación, a juicio del eurodiputado de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) Raúl Romeva, es la “imposición de una prohibición de readmisión de hasta cinco años en todo el territorio europeo, la posibilidad abierta de detener a familias y menores no acompañados” o “el hecho de que no impida la detención de los solicitantes de asilo”.
IU pide al Gobierno que se pronuncie

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, ha pedido hoy al Gobierno que exprese “con claridad” si apoya la directiva de la UE sobre el retorno de inmigrantes indocumentados.

Llamazares ha registrado en la Cámara Baja una batería de preguntas sobre esta iniciativa europea “incompatible” con el Estado de Derecho, según informa un comunicado de Izquierda Unida.

El diputado quiere saber si el Gobierno “está dispuesto a endurecer hasta el extremo la política de inmigración en España, dando un carpetazo a los actuales derechos de los inmigrantes que recoge nuestra legislación”.

Según Llamazares, esta directiva “no tiene por vocación la protección de las personas, sino más bien la eficacia de su internamiento, expulsión y uso de medidas coercitivas”.

“El texto no persigue el objetivo de ratificar las mejores prácticas, sino alinearse sobre las normas más estrictas de los Estados miembros, armonizando hacia abajo”, añade el parlamentario.

El líder de IU lamenta que la detención en centros de internamiento podría prolongarse en algunos casos hasta los 18 meses, “una duración excesiva y desproporcionada”.