España se opone a endurecer la política europea de inmigración por encima del contenido de la directiva analizada ayer en Bruselas, que prevé medidas tan duras como el internamiento de los ‘sin papeles’ hasta 18 meses e incluso en centros penitenciarios y sin control judicial.

Los embajadores de los 27 países comunitarios aplazaron a la semana próxima el debate sobre la norma después de que diez gobiernos, encabezados por Alemania, Francia e Italia, propusieran medidas todavía más restrictivas de las que ya incluye el borrador.

En la reunión a puerta cerrada del Comité de Representantes de la Unión Europea, que reúne a los embajadores de los miembros de la UE, España mantuvo una posición intermedia. No se alineó con la decena de Estados más beligerantes contra la inmigración clandestina, que impidieron la mayoría cualificada necesaria para sacar adelante la legislación, pero tampoco puso objeciones de calado a la directiva a debate, muy superior en dureza a la legislación española.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ve con buenos ojos que la UE consensúe las dispersas normas sobre expulsiones de clandestinos, pero no quiere ir más allá del texto propuesto, que dará cobertura legal para la deportación de ocho millones de irregulares que, según algunas estimaciones, viven en la UE.

El punto más delicado de la normativa sobre ‘Procedimientos y normas comunes para el retorno de los nacionales de terceros países’ es el que faculta el internamiento de inmigrantes por seis meses simplemente por la comisión de la falta administrativa que supone carecer de permisos de trabajo y residencia. La retención podrá hacerse, además, sin apenas control judicial. Los países más conservadores de la UE aseguraron en la reunión de ayer que este período es insuficiente.

Los inmigrantes a la espera de repatriación podrán pasar hasta un año y medio privados de libertad si no cooperan con las autoridades, cuando existan problemas para identificar su nacionalidad o su filiación o cuando la Policía considere que su libertad es una amenaza para el orden público. La legislación española, hasta ahora, sólo permite el internamiento preventivo del inmigrante por un plazo máximo de 40 días.

En la cárcel

Además, la directiva cuya aprobación se aplazó ayer abre la posibilidad a que, en casos extraordinarios, los inmigrantes puedan ser internados en centros penitenciarios a pesar de no haber cometido delitos penales.

Las autoridades de los respectivos países podrán recurrir a las cárceles cuando los centros de internamiento para extranjeros estén saturados, aunque deberán recluir a los inmigrantes en pabellones separados a los de los delincuentes. La actual Ley de Extranjería española sólo permite el ingreso de los ‘sin papeles’ en centros especializados de atención y, en ningún caso, pueden ser internados en centros penitenciarios.

La normativa a debate en la UE también propone endurecer el trato a los menores extracomunitarios no acompañados que entran de forma irregular en Europa. A partir de su aprobación, los niños y adolescentes podrán ser internados en los centros de inmigrantes con el resto de los adultos siempre que no haya otro lugar disponible para confinarlos.

En España, para aplicar esta directiva serían necesarias varias modificaciones legales porque todos los menores extracomunitarios están tutelados por las comunidades autónomas y son internados en centros específicos para los no adultos, en los que puede haber otros jóvenes españoles desprotegidos.

El Gobierno español no se ha esforzado en defender la directiva, impulsada por países con gobiernos conservadores y que ha generado intensos debates en las instancias comunitarias durante los últimos tres años, pero en ese lapso tampoco ha planteado objeciones de calado a su aprobación.

El Ejecutivo de Madrid destaca que la directiva no cambiará la política de extranjería nacional, ya que el borrador analizado ayer fija límites máximos de internamiento, pero no los impone.

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