MARIBEL NÚÑEZ CORRESPONSAL

BRUSELAS. La directiva europea de retorno de emigrantes ilegales, que apoyaba España, no logró ayer el apoyo suficiente en el Comité de Representantes Permanentes ante la Unión Europea (Coreper), con lo que el texto, una vez que se modifique en aras de lograr el acuerdo, tendrá que ser de nuevo negociado entre la Presidencia semestral de la UE, en manos de Eslovenia, y el Parlamento Europeo.

El texto, propuesto por la Comisión Europea en 2005, es un intento de armonizar el actual reino de taifas que existe en Europa en materia de repatriación de emigrantes ilegales y, cuando se ponga en marcha, puede «facilitar» la salida de los ocho millones de personas que están en esa situación en toda la Unión Europea. Sus detractores ya la han rebautizado como la «directiva de la vergüenza».

Texto menos garantista

El nuevo texto, que ayer finalmente resultó fallido pese a los tres años que se lleva negociando, es menos garantista que el original y permite mayor discrecionalidad en materia de control de los derechos de los emigrantes ilegales durante las fases de retención y expulsión.

La Directiva permitiría prolongar el periodo de detención de los emigrantes irregulares seis meses prorrogables hasta 18, lo que en el caso de España supondría un importante aumento, ya que en la actualidad el límite es de 40 días. No obstante, cada país, cuando se apruebe la Directiva, puede rebajar los topes ya que la norma europea en este caso es un techo máximo que no se puede rebasar, por ejemplo en materia de retención.

En este sentido, el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, pidió ayer al Gobierno que se exprese con claridad sobre si apoya o no la directiva, que a su juicio es «incompatible» con el Estado de Derecho.

Retención ilimitada

Una de las razones de que ayer no saliera el texto adelante es que Suecia y Reino Unido, por ejemplo, votaron en contra de él porque ellos no tienen un tope máximo para las retenciones de emigrantes ilegales, por lo que si ahora se establece un máximo de 18 meses supondría una rebaja en sus políticas de emigración. En conjunto, nueve países europeos tienen una retención ilimitada para emigrantes ilegales.

En total, por diferentes razones, once países europeos votaron en contra de la Directiva que, además, necesitaba ser aprobada por mayoría cualificada. Austria, Alemania y Grecia se oponían a que los Estados tengan que costear la asistencia jurídica de los emigrantes ilegales, tal y como plantea la norma.

Francia, por su parte, rechazó el texto porque establece un periodo de retorno voluntario en el caso de los menores y París quiere endurecer estos casos en el sentido de que cuando se localice al menor ilegal se le expulse de inmediato, sin esperar a que acabe el curso, como sucede en España.

En el caso de Italia el rechazo fue porque el periodo de retorno voluntario de los emigrantes ilegales de entre 7 y 30 días que se establecía era considerado excesivo. Chequia y Hungría apoyaron el rechazo de Italia en este punto.

Tras el fracaso de ayer, la Presidencia eslovena tendrá que presentar un nuevo texto al Coreper y, una vez que pase esta etapa, negociar de nuevo con el Parlamento Europeo, donde ya hubo un acuerdo a finales de abril que ahora habrá que renegociar con los cambios que se introduzcan.

Cinco años sin poder entrar

Además del tiempo que se puede tener detenido a un emigrante ilegal, el máximo de 18 meses mencionado, otro de los aspectos que han suscitado más polémica es el de que la directiva daba a los Estados la posibilidad de prohibir la readmisión de los emigrantes ilegales expulsados durante cinco años en todo el territorio europeo, con lo que en la práctica desincentiva a estas personas a volver a intentar su entrada en Europa.