Un grupo de 11 países, encabezado por Alemania, Francia e Italia, reclamó ayer un endurecimiento del proyecto de directiva sobre retorno de los inmigrantes irregulares e impidió su aprobación. Las organizaciones humanitarias critican precisamente el proyecto legislativo porque permitirá mantener detenidas a las personas descubiertas sin papeles en el interior de la Unión Europea (UE) hasta 18 meses.
El internamiento de los inmigrantes irregulares prorrogable hasta un máximo de 18 meses previo a su expulsión obtuvo el respaldo generalizado en la reunión de los embajadores de los Veintisiete en el Consejo de la UE, sin que ningún país planteara objeciones a ese punto.
El proyecto de directiva intenta crear un marco común de procedimientos y garantías para la expulsión de los inmigrantes sin papeles que ya se encuentran en la UE y no afecta a la expulsión en frontera, ni a los refugiados. El proyecto obtuvo el respaldo de España, Suecia, Holanda y Luxemburgo, pero chocó con las exigencias de más dureza de 11 países.
Las objeciones comenzaron por considerar que el periodo propuesto de retorno voluntario de los sin papeles de 7 a 30 días era demasiado largo. Francia, Italia, Hungría y la República Checa, entre otros, reclamaron un plazo mucho más corto. Alemania, Austria, Grecia y Lituania también rechazaron que los inmigrantes irregulares deban recibir asistencia jurídica gratuita para recurrir la orden de expulsión, a causa del coste de la medida. Austria, Polonia, Malta y Chipre se opusieron asimismo a la creación de un sistema de vigilancia y control sobre los procedimientos de expulsión forzosa.