España se mostró a favor de firmar la normativa, cuya propuesta de aprobación queda aplazada una semana

bruselas. Los países de la Unión Europea (UE) no lograron cerrar ayer un acuerdo sobre una legislación común para la repatriación de los inmigrantes irregulares debido a las fuertes diferencias internas. Los embajadores de los 27 países comunitarios debatieron el texto, pero aplazaron la decisión hasta la sesión prevista para la próxima semana, según indicaron fuentes diplomáticas.

Once de los 27 países rechazaron el texto acordado por la presidencia con representantes del Parlamento Europeo, diez de ellos porque querían endurecer algunas de las medidas del proyecto de directiva, que establece un período máximo de retención de seis meses, ampliables a 18 meses en casos excepcionales.

Alemania, Francia e Italia se alinearon con los países contrarios, lo que hizo imposible sumar la mayoría cualificada necesaria para respaldar la legislación, según indicaron fuentes comunitarias.

España formó parte del grupo dispuesto a sacar adelante el compromiso, que también debe ser aprobado por el pleno de la Eurocámara, añadieron las fuentes.

Ante las fuertes diferencias manifestadas en el debate, la presidencia de turno eslovena señaló que estudiará cómo avanzar en esta directiva, que está en discusión desde hace casi tres años.

Tanto si el Consejo como el PE introducen cambios en el texto acordado que deberán negociarlos posteriormente con la otra institución.

Esta directiva es la primera sobre inmigración que puede aprobarse por el procedimiento de co – decisión entre el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo, cuyo pleno también debe ratificar el texto final.

Aunque algunos partidos u organizaciones humanitarias han criticado el período de retención por considerarlo muy elevado, fuentes de la UE recordaron que actualmente hay nueve países comunitarios donde es indefinido, por lo que consideran que fijar un máximo de seis o dieciocho meses sería “un gran avance”.

En este sentido, el socialista italiano Claudio Fava pidió a su grupo que votara en contra, mientras que en los verdes se conjugan las duras críticas con la apreciación de algunos elementos positivos.

La directiva “no es ideal, pero es un paso adelante en la buena dirección”, ya que “hemos logrado que haya garantías en medidas concretas”, dijo el alemán Manfred Webber (PPE), ponente del informe sobre el que la Eurocámara debe pronunciarse en el pleno del mes de junio.

Webber reconoció que algunos Estados usan el internamiento como forma de “presión psicológica” para que los indocumentados digan cuál es su país y poder devolverlos, pero insistió en que, si se les dejara libres, “se desvanecerían en el aire” y no podrían ser repatriados.

Webber insistió en que ese período es máximo y establece por fin un mínimo en los países donde hasta ahora el plazo es indefinido, mientras que los países con menores períodos de internamiento seguirán aplicándolos. También consideró un “gran progreso” el que se garantice en toda la UE que, en el caso de los menores, haya una instancia diferente a las autoridades de extranjería que se ocupe de su situación.

Fava dijo que el texto da “demasiado margen de maniobra” a los países de la UE y resaltó que la retención administrativa de hasta 18 meses convierte en “algo gravísimo” la entrada ilegal a un país.

Por los liberales, la holandesa Jeanine Hennis – Plasschaert recalcó que la norma que fue debatida ayer no debe ser vista sólo como un intento de la UE de reprimir la inmigración ilegal, “sino dentro de un conjunto” de medidas en preparación que buscan, entre otros objetivos, promover la inmigración legal y ordenada o penalizar a los empresarios que contratan a indocumentados.