La decisión de la UE de aplazar la aprobación de la nueva Directiva de Retorno de los inmigrantes en situación ilegal y la división registrada en el Parlamento demuestran que los Veintisiete están lejos de resolver el doble problema al que se enfrentan. Por una parte, la entrada anualmente de entre medio y un millón de sin papeles a través de las fronteras europeas ha generado una realidad social al margen de la legalidad que anima a las mafias a proseguir con el deleznable negocio de la trata de seres humanos. Pero, por otra, la UE parece incapaz de solventar el dilema que contrapone la garantía de la seguridad ante la llegada irregular de inmigrantes al irrenunciable respeto a los derechos humanos. La controvertida directiva prevé, entre otras medidas, que los inmigrantes ilegales puedan ser retenidos por autoridades judiciales o administrativas durante seis meses antes de ser devueltos a su país de origen. Sus defensores subrayan que la reglamentación acota el margen de maniobra de los nueve estados que no limitan el periodo de detención. Sin embargo, la eficacia demostrada por las repatriaciones para desactivar la inmigración irregular requiere de un tratamiento más ágil y con pleno control judicial, porque la prolongación del internamiento compromete los derechos de quienes ya soportan un difícil trance personal definido por la indefensión.