El Gobierno advirtió ayer al Consell de que recurrirá el compromiso de integración con los inmigrantes impulsado por la Generalitat si invade las competencias del Estado o restringe las libertades de los ciudadanos.

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, y el conseller de Inmigración de la Generalitat, Rafael Blasco, mantuvieron el primer encuentro tras la toma de posesión del nuevo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Aunque por la mañana el ministro había afirmado tajantemente que el Gobierno no aceptaría la iniciativa del Consell “porque está fuera de las competencias de una autonomía”, por la tarde las formas se suavizaron. Las dos Administraciones calificaron el encuentro de “cordial” y desde la Conselleria de Inmigración llegaron a afirmar que se había vuelto a abrir la vía del diálogo “cerrada en la etapa de Jesús Caldera”. De hecho, acordaron reunirse en otras ocasiones para abordar cuestiones comunes.

La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, que también asistió a la reunión, aseguró que el Gobierno sólo recurrirá el contrato de integración de la Comunitat Valenciana cuando, una vez que conozca el texto, compruebe que no existe una invasión de las competencias del Estado ni un “recorte de libertades”. Rumí destacó la “confianza” que le inspiró el encuentro, desarrollado en “un clima cordial y correcto”.

La secretaria de Estado de Inmigración insistió en que el Gobierno no se pronunciará sobre la propuesta de la Generalitat hasta que no estudie el texto, del que Blasco les garantizó que se trata de un “compromiso voluntario sin ninguna consecuencia sancionadora” y que tampoco invade las competencias estatales en la materia.

Rafael Blasco señaló que trasladó al Ministerio de Trabajo que la “diferencia” de la iniciativa con respecto al contrato de integración que planteó el Partido Popular en su programa electoral es que es un “compromiso voluntario”, llevado a las “particularidades” valencianas y sin consecuencias jurídicas de ningún tipo.

El objetivo del “compromiso” es, según se encargó de resaltar el responsable de Inmigración del Consell, “facilitar políticas activas en la Comunitat Valenciana para que el 16% de población inmigrante encuentre las mejores formas de integración”, una competencia que le permite tanto el artículo 10.3 del Estatut como el 9.2 de la Constitución.

El responsable de Inmigración se mostró seguro de haber “demostrado al ministro que la futura ley de integración impulsada desde el Consell se fundamenta en el Estatuto de Autonomía y en la Constitución española”. “El Consell siempre complementará aquellas medidas que impulse el ministerio, nunca invadirá”, subrayó.

Según fuentes de la Generalitat, la secretaria de Estado para la Inmigración confirmó que en las próximas semanas “habrá un encuentro para trabajar la propuesta del compromiso de integración”.

Durante la reunión también se abordó la transferencia de competencias como el arraigo, la reagrupación familiar o la concesión de autorizaciones de trabajo, así como la necesidad de una redistribución de los fondos estatales para la integración de una población que ha crecido un 77% desde el año 2003, destacó Blasco.

El responsable de Inmigración de la Generalitat mostró su intención de “profundizar” en estas cuestiones en posteriores encuentros y agradeció a Corbacho su “receptividad y la oportunidad brindada para seguir trabajando en asuntos comunes”.

Rafael Blasco aseguró tras la reunión que el ministro de Trabajo está dispuesto a “abrir una vía de diálogo con la Generalitat para impulsar políticas en común”. Para el conseller, “la reunión ha cumplido las expectativas del Gobierno valenciano”.

El conseller afirmó que “la Comunitat tiene atribuida la competencia en materia laboral por lo que solicitamos asumir la gestión de la contratación de la mano de obra en origen” y reclamó “una redistribución de los fondos estatales para integración de acuerdo con la población extranjera residente en las distintas comunidades autónomas”. También hablaron de realizar “un estudio de acciones conjuntas que Estado y comunidad autónoma podrán llevar a cabo”.

Blasco destacó que propuso al ministro crear “por parte del Estado un fondo autonómico para el retorno voluntario” para “facilitar así una vuelta con garantías de futuro en los países de origen”.

Las mismas fuentes precisaron que durante el encuentro la cuestión de la financiación de las políticas de inmigración por parte del Estado quedó en segundo plano, “ya que son más competencia del Ministerio de Economía que del de Trabajo”.

En cualquier caso, el conseller pidió una reasignación de los fondos estatales para atender a los 732.000 inmigrantes que residen en la Comunitat. Desde la Conselleria recordaron que se invierte en cada inmigrante 1.816 euros al año, por lo que consideran que es necesaria una mayor ayuda por parte de la Administración central.

El conseller explicó que entre los temas tratados también se incidió en la necesidad de ahondar en el “municipalismo”, ya que la Generalitat quiere impulsar el ámbito local, según resaltaron las fuentes consultadas, “al ser el primer núcleo de acogida e integración de los inmigrantes y los primeros afectados”.

sociedad@lasprovincias.es