Me refiero a “las personas que migran” porque se corre el peligro de que bajo el título genérico de “inmigrantes” nos olvidemos de que estamos hablando de personas, con nombres propios, historias particulares y trayectorias vitales singulares. Tal como afirma el profesor Joaquín García Roca, “el compromiso de la ciudadanía tiene que tener siempre presente la singularidad de cada migrante. La reducción al anonimato es la negación de la ciudadanía”.

Y afirmo que las personas que migran son ciudadanos, porque el propio Proyecto de Ley de Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana, actualmente en fase de presentación de enmiendas en Les Corts, en su artículo 4.º, define la ciudadanía como “las personas físicas que tengan la condición política de valenciana o valenciano de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Estatuto de Autonomía o que, con independencia de su nacionalidad, residan en la Comunitat Valenciana”. Este precepto confirma claramente que la residencia en nuestra Comunitat otorga la condición de ciudadano/a y, por tanto, los derechos y deberes que tal condición conlleva, y fundamentalmente el de la participación activa en la vida social, económica y cultural de la Comunitat Valenciana.

El mencionado proyecto de ley establece bastantes instrumentos de participación ciudadana, entendida como factor esencial en la defensa de los valores democráticos tales como el respeto, la pluralidad, la tolerancia, la igualdad, la solidaridad, la integración, el diálogo, la concertación… y cuantos valores contribuyan a la cohesión social. Estos instrumentos de participación (audiencia ciudadana, foros de consulta, paneles ciudadanos y jurados ciudadanos) van a permitir a los ciudadanos, a todos los ciudadanos, manifestar sus iniciativas y sugerencias a los poderes públicos y a estos evaluar el grado de acierto y/o la coincidencia o no de sus políticas con las demandas sociales.

Pero para que las personas que abandonan sus países de origen, en la mayoría de los casos por imperiosas necesidades de supervivencia, puedan realmente ejercer esa activa participación ciudadana, resulta necesario establecer además otros cauces específicos que posibiliten su plena integración en la sociedad.

Y el Borrador del Anteproyecto de Ley de Integración de los Extranjeros en la Comunitat Valenciana articula una serie de medidas concretas tendentes a conseguir la integración social tales como los Planes de Integración de los Extranjeros, el Foro Valenciano de la Inmigración, el Observatorio de la Inmigración, la Red de Agencias de Mediación para la Integración y la Convivencia Social y los Espacios Interculturales, así como relativas a educación, formación profesional, reorientación laboral, asistencia sanitaria y vivienda; también medidas de participación pública de los extranjeros, como el fomento del asociacionismo de los extranjeros y medidas contra la discriminación, el racismo y la xenofobia.

Y entre los múltiples instrumentos de integración que el borrador va definiendo en su articulado se encuentra el del “compromiso de integración”, mal llamado contrato y mal entendido o quizá mal explicado. Porque no se ha sabido resaltar la parte del compromiso que atañe a la Generalitat, que es doble y de gran calado; por una parte, la Generalitat se compromete a poner en marcha todas las medidas jurídicas, económicas, formativas y sociales contempladas en el articulado de la ley dirigidas a facilitar la plena integración de los extranjeros residentes en la Comunitat Valenciana, que como hemos visto son muchas y variadas, pero además y como segunda parte del compromiso, la Generalitat creará el marco adecuado para que los extranjeros residentes puedan mantener su cultura y costumbres propias.

Y en cambio se ha resaltado la parte del compromiso de los extranjeros, que no comporta ninguna obligación añadida a la que como a cualquier ciudadano le corresponde, ya que se les ofrecen instrumentos y propuestas a modo de derechos que les facilitarán el cumplimiento de aquellas obligaciones generales y, por tanto, su más rápida y fácil integración. En cualquier caso, y al tratarse de un borrador de proyecto de ley, la mejor redacción de la ley la tendrá que dar el legislador autonómico, quien con toda seguridad demostrará la necesaria sensibilidad con quienes decidan integrase en nuestra Comunitat, tal como desde esta Conselleria de Inmigración y Ciudadanía se está pretendiendo con esta ley.