La falta de consenso en la UE sobre la directiva de retorno es para el PP «una mala noticia», según aseguró ayer en Bruselas el eurodiputado Agustín Díaz de Mera, para quien la directiva de retorno constituye una condición indispensable en la lucha contra la inmigración irregular.

En ese sentido, Díaz de Mera habló ayer de fracaso de la UE, mientras el ex ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, aseguraba que España está hoy devolviendo a sus países de origen a miles de irregulares, algo que, según afirmó, no está haciendo Francia, uno de los socios comunitarios con posturas más duras al respecto.

Precisamente, la posición francesa, junto a la de Alemania e Italia, impidió al Comité de Representantes Permanentes alcanzar una mayoría sólida para sacar adelante el proyecto, a la vez que España trataba de suavizar algunos aspectos de la directiva, especialmente los relacionados con la protección de los menores que se encuentran en situación irregular en su territorio.

La propuesta de ley también ha dividido al Parlamento Europeo, donde, en principio, populares y liberales apoyan un texto que rechazan socialistas, verdes y el Grupo de la Izquierda Unitaria. Esas posiciones, sin embargo, no son homogéneas y dependen en gran parte de la nacionalidad del eurodiputado más que de la adscripción política de su escaño. La Eurocámara debe pronunciarse el próximo mes de junio sobre el tema, y el resultado de la votación no parece nada claro.

División

El ponente del informe a través del cual el Parlamento dará su opinión, el popular alemán Manfred Weber, fue ayer tajante y aseguró que a los inmigrantes indocumentados «o se les legaliza o se les expulsa». «La directiva no es un ideal, pero hoy por hoy quien vote en contra reduce las posibilidades de ayudar a los ilegales en Europa», dijo.

Por su parte, el socialista italiano Claudio Fava, lamentó que la Eurocámara haya dejado demasiado «margen de arbitrariedad» a los Estados miembros. «Este parlamento debe legislar y llevar las condiciones de decencia y civilización a las expulsiones que cada país pueda organizar».