El proyecto de directiva de retorno permitiría mantener retenidos a los extracomunitarios sin papeles año y medio

Los embajadores de los Veintisiete, incapaces de alcanzar un consenso, que buscarán la semana próxima

El proyecto de directiva de retorno permitiría mantener retenidos a los extracomunitarios sin papeles año y medio

El Comité de Representantes Permanentes, el foro que reúne en Bruselas a los embajadores de los Veintisiete y que prepara las decisiones que adoptan posteriormente los ministros, fue incapaz de ponerse ayer de acuerdo sobre la propuesta de directiva de retorno. Esa norma pretende homologar las legislaciones de los socios europeos en materia de inmigración ilegal, y contiene medidas muy polémicas sobre el internamiento y la expulsión de extracomunitarios que permanecen en situación irregular en territorio de la Unión Europea.

Según fuentes diplomáticas, la reunión de ayer acabó sin acuerdo por la oposición de una docena de países a dar su visto bueno al texto, cuyo análisis volverá a enfrentar a los embajadores la próxima semana. Los Veintisiete llevan casi tres años tratando de acercar posturas para igualar sus normas sobre retención y repatriación de inmigrantes irregulares.

Tal y como está planteada, la directiva de retorno permite, entre otras cosas, devolver a esas personas no a su país de origen, sino al último estado de tránsito desde donde entraron en la Unión, un extremo que algunos socios comunitarios consideran contrario al derecho internacional, e incluso incompatible con la garantía de que se respetarán sus derechos humanos.

Dieciocho meses

De aprobarse en su redacción actual, la directiva facultaría también a la Administración de un Estado miembro a retener y mantener bajo custodia a un inmigrante irregular durante un máximo de seis meses, pero admitiendo una prórroga de hasta doce meses en casos excepcionales de no cooperación con las autoridades.

Eso les permitiría dejar hasta año y medio en un centro de retención a aquellos inmigrantes que, por ejemplo, se negaran a desvelar o mintieran sobre su nacionalidad para evitar la repatriación. Y eso va contra las leyes de algunos Estados, que no admiten esa privación de libertad sin juicio previo e incluso sin acusación, ya que permanecer en su territorio una vez que expira un visado no está considerado como delito.