Diez países de la UE paran una norma para repatriar 'ilegales' al reclamar más dureza

Diario Vasco, MELCHOR SÁIZ-PARDO, 08-05-2008

madrid/bruselas. España se opone a endurecer la política europea de inmigración por encima del contenido de la directiva analizada ayer en Bruselas, que prevé medidas tan duras como el internamiento de los ‘sin papeles’ hasta 18 meses e incluso en centros penitenciarios y sin control judicial. Los embajadores de los 27 países comunitarios aplazaron a la semana próxima el debate sobre la norma después de que diez gobiernos, encabezados por Alemania, Francia e Italia, propusieran medidas todavía más restrictivas de las que ya incluye el borrador.

En la reunión a puerta cerrada del Comité de Representantes de la Unión Europea, que reúne a los embajadores de los miembros de la UE, España mantuvo una posición intermedia. No se alineó con la decena de Estados más beligerantes contra la inmigración clandestina, que impidieron la mayoría cualificada necesaria para sacar adelante la legislación, pero tampoco puso objeciones de calado a la directiva a debate, muy superior en dureza a la legislación española.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ve con buenos ojos que la UE homogeneice las dispersas normas sobre expulsiones de clandestinos, pero no quiere ir más allá del texto propuesto, que dará cobertura legal para la deportación de ocho millones de irregulares que, según algunas estimaciones, viven en la UE.

18 meses internados

El punto más delicado de la normativa sobre Procedimientos y normas comunes para el retorno de los nacionales de terceros países es el que faculta el internamiento de inmigrantes por seis meses simplemente por la comisión de la falta administrativa que supone carecer de permisos de trabajo y residencia. La retención podrá hacerse, además, sin apenas, control judicial. Los países más conservadores de la UE aseguraron en la reunión de ayer que este período es insuficiente.

Los inmigrantes a la espera de repatriación podrán pasar hasta un año y medio privados de libertad si no cooperan con las autoridades, cuando existan problemas para identificar su nacionalidad o su filiación o cuando la Policía considere que su libertad es una amenaza para el orden público. La legislación española, hasta ahora, sólo permite el internamiento preventivo del inmigrante por un plazo máximo de 40 días.

En la cárcel

Además, la directiva cuya aprobación se aplazó ayer abre la posibilidad a que, en casos extraordinarios, los inmigrantes puedan ser internados en centros penitenciarios a pesar de no haber cometido delitos penales. Las autoridades de los respectivos países podrán recurrir a las cárceles cuando los centros de internamiento para extranjeros estén saturados, aunque deberán recluir a los inmigrantes en pabellones separados a los de los delincuentes. La actual Ley de Extranjería española sólo permite el ingreso de los ‘sin papeles’ en centros especializados de atención y, en ningún caso, pueden ser internados en centros penitenciarios.

La normativa a debate en la UE también propone endurecer el trato a los menores extracomunitarios no acompañados que entran de forma irregular en Europa. A partir de su aprobación, los niños y adolescentes podrán ser internados en los centros de inmigrantes con el resto de los adultos siempre que no haya otro lugar disponible para confinarlos. El Ejecutivo español considera necesaria la homogeneización legislativa que la directiva provocará y, sobre todo, destaca que su aprobación no cambiará la política de extranjería nacional, ya que el borrador analizado ayer fija límites máximos de internamiento, pero no los impone.

El Parlamento europeo escenificó ayer que la fractura sobre la política de inmigración no sólo afecta a los Estados, sino que llega a los diferentes grupos de la Eurocámara. Populares y liberales apoyaron la directiva, criticada por Izquierda Unitaria y Los Verdes. Los socialistas se dividieron. COLPISA

PROYECTO DE NORMA
FLos Estados miembros de la UE podrán retener a los inmigrantes irregulares a la espera de expulsión en centros de internamiento hasta un máximo de dieciocho meses cuando haya una falta de cooperación por parte de la persona afectada o si hay demoras en la obtención de la documentación necesaria que deban expedir terceros países.
FLos inmigrantes sólo podrán ser devueltos a su país de origen o a aquelos países con los que los Estados miembros o la UE hayan concluido acuerdos de repatriación.
FCuando una persona en situación irregular sea expulsada tendrá prohibida su entrada en territorio comunitario durante un periodo de cinco años. Sin embargo, se introduce el principio de retorno voluntario, que evitaría esta prohibición de entrada. Esta directiva de retorno se aplicará también a los menores no acompañados, aunque en este caso se prevén garantías específicas.
FCada inmigrante tiene derecho a dejar el país voluntariamente y los Estados miembros deberán fijar un plazo para ello de entre siete y treinta días.

Texto en la fuente original
(Puede haber caducado)