Tres grandes estados de la UE – el francés, Alemania e Italia –  unieron sus fuerzas para reclamar que se adopten medidas mucho más estrictas para los inmigrantes que se encuentran en situación irregular. Otros siete estados más siguieron la senda que marcaban.

La Unión Europea no pudo cerrar ayer un acuerdo sobre repatriación de inmigrantes irregulares debido a las exigencias de varios estados miembros, partidarios de medidas más estrictas.

Once de los 27 estados rechazaron el texto acordado por la Presidencia eslovena con representantes del Parlamento Europeo, y de ellos diez lo hicieron porque querían endurecer algunas de las medidas del proyecto de directiva.

Las diferencias constatadas ayer en la reunión de representantes permanentes de los 27 se suman a las que dividen al Parlamento Europeo, que debe aprobar la medida en codecisión.

Alemania, Estado francés e Italia formaron parte del grupo de países opuestos a los términos actuales del proyecto, lo que hizo imposible sumar la mayoría cualificada necesaria para sacar adelante el compromiso, adoptado por estados como el español.

El proyecto de directiva establecía un periodo máximo de retención de seis meses, ampliables a 18 en casos excepcionales, para los inmigrantes irregulares.

Alemania basó su rechazo en el alto coste que supondría la obligación de dar asistencia jurídica a los retenidos, algo a lo que se unieron Austria y Grecia.

El Estado francés exigió medidas más estrictas respecto al periodo de salida voluntaria de menores, mientras que Italia, Chequia y Hungría buscaron aumentar el periodo para el retorno voluntario en el caso de los mayores de edad.

Ante las fuertes diferencias manifestadas en el debate, la Presidencia eslovena estudiará cómo avanzar en esta directiva, que está en discusión desde hace casi tres años.

SOS Racismo criticó la propuesta que fue rechazada ayer, al considerar que suponía un retroceso en los derechos que actualmente tienen los inmigrantes en la Unión Europea.